Muerte de una niña en el Puerto de la Cruz: Consejería y sindicatos tratan el protocolo antisuicidios

El viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Manuel Cabrera, mantendrá este miércoles, 26 de febrero, un encuentro con los representantes de todas las organizaciones sindicales de la Enseñanza en el Archipiélago en el que, entre otros asuntos, abordará una serie de aclaraciones sobre el protocolo de intervención ante riesgo suicida detectado en colegios e institutos.

La reunión será por videoconferencia y tendrá lugar días después de que se produjera la muerte en trágicas circunstancias de Lucía, una niña de 12 años, en el Puerto de la Cruz. La menor tenía diagnosticado trastorno del espectro autista (TEA).

Una mujer que se identificó como su madre lamentó en una red social la misma tarde en que ocurrieron los hechos que en el centro de educación infantil y primaria donde estudiaba la niña, el César Manrique de dicho municipio, debían haber hecho «algo más que mirar para otro lado».

Sin embargo, desde la Consejería de Educación explicaron que el centro no detectó que dicha alumna tuviera conductas autolíticas ni que sufriera acoso escolar por parte de sus compañeros.

Un problema que va a más

La Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) explicó que «es una tragedia devastadora» y apuntó que «hay que continuar dándole la máxima importancia a la salud mental infantil y juvenil, así como a las conductas suicidas en estas edades, ya que en los últimos años han ido en aumento».

El portavoz del mencionado sindicato, Pedro Crespo, señaló que, «con toda la prudencia respecto a este caso concreto, contar con un protocolo de actuación en los centros educativos para estas situaciones es muy importante».

Contar con los docentes

No obstante, aclaró que, «entendemos que debe contarse con la opinión del profesorado para mejorar el protocolo actual».

Respecto al mencionado documento impulsado desde la Consejería de Educación, comentó el representante de ANPE que «asigna a los docentes funciones que corresponden a profesionales sanitarios».

Desde su punto de vista, la intervención en casos de riesgo suicida es un asunto muy delicado, que exige medidas «bien estructuradas y llevadas a cabo por especialistas».

Con especialistas

«Desde ANPE hemos solicitado que el protocolo se lleve a negociación con la representación del profesorado para replantear su enfoque, de manera que las tareas de valoración y tratamiento recaigan en especialistas en salud mental, con el fin de garantizar una intervención adecuada y eficaz», manifestó.

Sobre los planteamientos que realizan algunos padres de que los profesores o tutores «miran para otro lado» a la hora de afrontar problemas como el acoso escolar, Crespo dice que «no eludimos nuestra responsabilidad, pero no nos hacemos responsables de algo sobre lo que no tenemos formación».

Psiquiatras y psicólogos

Recuerda que «hay profesionales que tienen entre sus funciones evaluar y atender a esos menores, así como ofrecerles algún tipo de salida», como son los psiquiatras o los psicólogos.

Crespo plantea que en cada provincia debe haber un equipo de profesionales que, cuando se detecte alguna situación problemática, acuda al centro e intervenga. Sugiere que debe funcionar como los grupos que actúan en casos de acoso escolar.

El portavoz de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza en el Archipiélago comenta que «echamos de menos que no se contara ni se negociara el proyecto del protocolo de intervención ante el riesgo suicida con las organizaciones sindicales».

«Nos enteramos cuando se publicó», añade, «a pesar de que afecta a las condiciones laborales de los docentes». En la mesa técnica convocada para este miércoles está previsto que participen el viceconsejero de Educación, la directora general de Personal y el secretario de la Mesa Sectorial, así como todos los sindicatos.

El fallecimiento de la pequeña Lucía ocurrió durante la tarde del pasado jueves en la barriada Carlos Arias, en el Puerto de la Cruz. La investigación de su fallecimiento fue asumida por agentes del Grupo de Homicidios y la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional de la Comisaría del Puerto de la Cruz-Los Realejos.