Muerte de una niña en Tenerife: Educación niega que sufriera acoso escolar

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no tenía constancia de que Lucía, la niña que murió durante la tarde de este jueves en el municipio del Puerto de la Cruz en circunstancias trágicas, sufriera algún tipo de acoso escolar.

El viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, manifestó que en el colegio no tenían conocimiento de antecedentes de conductas suicidas o autolíticas, ni habían recibido denuncias o llamadas por problemas de convivencia entre la alumna ahora fallecida y sus compañeros de aula o de centro.

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Autismo

Según algunas fuentes consultadas, la pequeña de 12 años tenía necesidades educativas especiales, pues supuestamente se le había diagnosticado un trastorno del espectro autista y así figuraba en su expediente psicoeducativo.

La menor cursaba sexto de Primaria en el centro de educación infantil y primaria César Manrique.

"Mirar para otro lado"

A raíz de que el Ayuntamiento portuense comunicara la suspensión de un acto de Carnaval previsto para la mañana de este viernes con diversos centros educativos, una mujer que se identificó como la madre de Lucía aseguró en una red social: «La comunidad educativa no me va a devolver a mi hija, a mi luz, si hubieran hecho algo más que mirar para otro lado».

Agentes del Grupo de Homicidios y de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional continuaron en la jornada de ayer con la investigación de la muerte de la pequeña en la barriada Carlos Arias del Puerto de la Cruz para tratar de determinar qué circunstancias pudieron influir en el trágico desenlace.

Protocolo desde septiembre

La muerte de la niña se produjo apenas cinco meses después de que la Consejería de Educación presentara el protocolo de intervención ante el riesgo suicida en instituciones educativas de Canarias.

Desde la Consejería de Educación aclaran que la prioridad en dicho documento es el alumno y esta iniciativa fue presentada en septiembre pasado.

«Lo que no puede ocurrir es que no se actúe e investigue» si se tiene conocimiento de que un alumno sufre algún tipo de acoso por parte de algunos compañeros, según señaló José Manuel Cabrera este viernes. Cabrera añade que, hasta ahora, «nunca se ha mirado para otro lado y siempre se ha actuado».

El viceconsejero de Educación estima que el protocolo da seguridad a los equipos directivos y los profesores, con el objetivo de poder hablar con el menor perjudicado o con sus familias. 

Cabrera explicó que la responsabilidad la asume cualquiera que trabaje con menores de edad. «Tenemos lo más valioso de nuestra sociedad y lo que hay que hacer es actuar e investigar», señaló el citado responsable de Educación en el Ejecutivo autónomo. En otras palabras, reclama que no se mire para otro lado si se aprecia que un niño o una niña padece acoso.

En el caso de la niña fallecida en el Puerto de la Cruz, manifiesta que «ojalá hubiera habido alguna señal».

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Admite que el protocolo puede ser más o menos complejo, pero que, en cualquier caso, siempre se puede mejorar. Este documento, como explica el viceconsejero, estuvo realizado por la Consejería de Educación en coordinación con la de Sanidad.

Durante un periodo de dos años, una treintena de profesionales, como, por ejemplo, psiquiatras, pedagogos, profesores u orientadores. En cualquier caso, la intención de los responsables de Educación es que los equipos directivos y docentes cuenten con una guía para saber cómo actuar y tener seguridad.

La postura del STEC

Sin embargo, un concepto muy diferente tienen en el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC). De hecho, el pasado 10 de enero, dicha organización emitió un escrito en el que planteaba que el protocolo estaba planteado más para salvaguardar la responsabilidad de la administración en caso de que ocurriera algún episodio trágico que para evitar conductas suicidas entre alumnos.

Entre otras cosas, dicho sindicato afirma que el documento no aclara qué consecuencias habrá para un docente si no detecta señales de riesgo; qué pasa si hay algún error en la valoración del riesgo, o qué garantías tienen los docentes en caso de denuncia por parte de las familias, sobre todo si estas no están de acuerdo con la activación del protocolo.

Para los responsables del STEC, la administración no ofrece ni formación ni respaldo legal, pero exige que los maestros y profesores actúen como «psicólogos, trabajadores sociales e, incluso, como abogados». Concluye que, con la plantilla actual y sin recursos adicionales, estas exigencias contempladas en el documento presentado el pasado mes de septiembre «son imposibles de cumplir».

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Minuto de silencio

El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz celebró este viernes un minuto de silencio. El alcalde, Leopoldo Afonso, afirmó que «es un día extremadamente triste para el municipio del Puerto de la Cruz; hemos perdido de la manera más dura a nuestra querida vecina Lucía». Apuntó que, «sin lugar a dudas, estamos francamente destrozados (...) y no podemos más que dar las gracias por las muestras de solidaridad a todo el pueblo canario».