Varias aerolíneas reclaman más de 140.000 euros a una central de reservas en Tenerife

Una veintena de compañías aéreas solicitan que se les abone, en total, más de 140.000 euros por parte de una central de reservas cuya sede social se hallaba en Tenerife y que quebró hace más de una década.

Esa cantidad de dinero tenía que haber sido liquidada a las citadas aerolíneas a través de IATA (Asociación Internacional del Transporte Aéreo). Y la acusación se dirigió contra el director general de la mercantil.

Pero, según señaló el director financiero de la mercantil demandada en el juicio que se desarrolló este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, los asesores aconsejaron que no se realizaran pagos de deudas de ningún tipo, hasta que se desarrollara el concurso de acreedores.

Entre septiembre y octubre del 2014, la empresa Transhotel no pudo hacer frente a los gastos derivados de su actividad económica, presentó un preconcurso de acreedores y el proceso concursal comenzó en abril del año siguiente.

En este caso, la Fiscalía considera que no existió delito alguno por parte de los responsables de la central de reservas ya mencionada.

Desde el Ministerio Público se estima que hubo una situación de insolvencia, pero que no se ha detectado que el director general u otros integrantes del Comité de Dirección de Transhotel realizaran alguna acción dirigida a generar la citada insolvencia; ni una apropiación de dinero en beneficio propio del acusado, ni siquiera un acto para eludir el cumplimiento de sus obligaciones económicas.

Además, según la Fiscalía, existe constancia de que algunas de las aerolíneas cobraron las cantidades que les correspondieron en su momento.

Un trabajador de IATA en España que intervino como testigo manifestó que personal a su cargo contactó con Transhotel para informar de que debía cumplir con sus obligaciones de liquidación con las compañías aéreas.

El contrato entre IATA y la mercantil demandada se firmó en octubre del 2011 y, hasta la fecha señalada, no hubo incumplimientos económicos.

En esa época las liquidaciones se debían realizar por periodos de quince días; es decir, a partir de los días 10 y 25 de cada mes, según indicó dicho representante de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

En este caso, las aerolíneas denuncian que no se les pagó dinero correspondiente al periodo de la segunda quincena de septiembre y de la primera de octubre.

A preguntas del abogado de la acusación, el representante de la IATA aclaró que esta entidad dispone de un canal en el que las empresas que venden billetes de las compañías aéreas pueden plantear protestas o dudas sobre las cantidades de dinero a liquidar, pero que en este caso no se utilizó dicha vía para plantear queja o duda alguna.

También admitió que IATA cuenta con un fondo de garantía de 75.000 euros para compensar a aquellas aerolíneas que se ven perjudicadas por la falta de liquidación de centrales de reservas o agencias de viaje.

En opinión de dicho testigo, a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo no le constaba que Transhotel entrara en un proceso de concurso de acreedores.

En el proceso de compensación económica a acreedores establecido durante la administración concursal a IATA se le ingresaron 7.765 euros. Sin embargo, al citado testigo tampoco le constaba esa circunstancia.

También apuntó que, en casos de impago como el de Transhotel, IATA hace una solicitud para que la mercantil deudora abone las liquidaciones en un plazo de 48 horas.

Si esa exigencia no se cumple, de forma inmediata se extingue el contrato para que la central de reservas o la agencia pueda vender billetes de las compañías aéreas vinculadas a la IATA y se cierra el expediente.

Y, a partir de ese momento, corresponde a cada aerolínea la realización de trámites y reclamación por vía judicial para exigir la cantidad de dinero adeudada.

El segundo testigo, director financiero de Transhotel en aquel momento, señaló que "los asesores nos dijeron que no se podía saldar deudas previas antes del proceso concursal"; es decir, que la decisión fue "no pagar nada".

Eso sí, después admitió que lo único que se podía abonar conforme a la legislación eran las nóminas y los impuestos.

En opinión del director financiero, el dinero que se le quedó a deber a IATA era una "parte mínima" de las deudas que habían acumulado durante su actividad económica, que, en cualquier caso, no superaban el tres, cuatro o cinco por ciento del total. Es decir, que la mayoría de las ventas estaban relacionadas con establecimientos hoteleros y extrahoteleros.

También aclaró que, como consecuencia de la situación económica de la empresa, en diciembre del 2014 se realizó un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción.

En el momento en que se bloqueó el pago de deudas, en las cuentas de la mercantil afectaba había 4,3 millones de euros, mientras que en las del grupo empresarial que la englobaba existían otros 20 millones.

Antes de llegar a la situación de insolvencia, el director financiero señaló que la facturación anual ascendía a unos 300 millones de euros.