Intervienen 25.000 kilos de alimentos no aptos para el consumo en Tenerife
La comida tenía un etiquetado inadecuado, estaba caducada o en mal estado en un comercio del sur de la Isla

E. D.
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Playa de las Américas, en colaboración con el Servicio de Sanidad del Gobierno de Canarias, se incautó de unos 25.000 kilos de alimentos no aptos para el consumo humano en un establecimiento comercial en el Polígono Industrial de Las Chafiras, en el municipio de San Miguel de Abona.
La inspección fue iniciada por los agentes del Seprona en un supermercado. Sin embargo, tras observar y comprobar las diversas irregularidades que podrían estarse cometiendo y que estaban poniendo en grave riesgo la salud de los consumidores, activaron de inmediato al personal del Servicio Canario de Sanidad para, de forma conjunta, llevar a cabo un registro profundo en todo el negocio. Dicha labor se prolongó durante cinco horas de forma ininterrumpida.
En el interior del establecimiento fueron hallados diferentes productos de alimentación (cárnicos, conservas, productos manufacturados, pescado congelado) que "carecían de las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para ser consumidos".
Dichos alimentos se encontraban en estanterías, arcones congeladores o en cámaras frigoríficas, listos para ser comprados por los clientes, pero carecían de etiquetas y se desconoce su origen.
La carne que los agentes encontraron en los expositores y en una cámara frigorífica interior estaba caducada o carecía de etiqueta, por lo que se ignora su composición y procedencia.
El pescado también estaba congelado, puesto a la venta envasado, sin ningún tipo de etiquetado, con fecha de consumición preferente superada o, incluso, alguno con alteraciones producidas por rotura de la cadena de frío.
Cabe destacar que en uno de los expositores había atún rojo en porciones de dos a tres kilos, envasado por el propio establecimiento y sin ningún tipo de etiquetado, así como numerosas piezas enteras de esta especie sin etiquetar en el interior de una cámara frigorífica interior. El responsable del comercio no aportó documentación que ampare su lícita procedencia.
Una vez examinada toda la mercancía por parte de los técnicos del Servicio Canario de Sanidad, y tras verificar que no era apta para consumo humano, fue retirada de la venta para su posterior destrucción por parte de un gestor autorizado.
Actualmente, el supermercado permanece cerrado y con su actividad suspendida de forma cautelar por el Servicio Canario de Sanidad, tras considerarse que la vida de los consumidores podría haber estado en grave riesgo.
Se acusó al propietario del establecimiento de un delito contra la salud pública, además de notificarle la apertura de un expediente administrativo sancionador por las diversas irregularidades detectadas.
El artículo 363 del vigente Código Penal castiga a los productores, distribuidores o comerciantes que ponen en peligro la salud de los consumidores que ofrecen en el mercado productos alimentarios con omisión o alteración de los requisitos establecidos en las leyes o reglamentos sobre caducidad o composición. Y establece penas de uno a cuatro años de prisión, así como la inhabilitación para ejercer ese trabajo por un periodo de hasta seis años.
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