El dueño de la gasolinera La Chasnera niega un complot para hacerse con una gasolinera en Arafo

El abogado Gerardo Pérez Sánchez, que ejerce la defensa del propietario de la gasolinera La Chasnera, que está acusado de los delitos de blanqueo de capitales y frustración a la ejecución, considera que su cliente no participó en acuerdo o complot alguno con otro empresario sevillano, Bienvenido Valenzuela Bernal, para que éste ejerciera como intermediario y así poderse quedar el primero con una gasolinera y fincas en Arafo, así como con una empresa de extracción de aguas.

Supuestamente, los vendedores, tres hermanos y sus respectivas parejas, pasaban en el año 2014 por una situación económica complicada y esa realidad era conocida de antemano por González, según la acusación particular y la Fiscalía.

La defensa del empresario canario, famoso por la masiva venta de lotería en sus gasolineras y repartir numerosos premios en la última década, alega que no se le puede implicar ahora en unos hechos ya juzgados y en los que no fue acusado en su momento. El primer procedimiento se debió a que los vendedores de dichas propiedades se sintieron estafados por el empresario sevillano.

Por eso, el abogado defensor de González insiste, una y otra vez, en remitirse a las escrituras existentes entre los querellantes y Valenzuela Bernal. Y aclara que González nada tiene que ver con los incumplimientos de Valenzuela.

El empresario andaluz compró la estación de servicio del Cruce del Pino (Arafo) y las fincas el 4 de julio del 2014 y las vendió a José Miguel González dos semanas después, el 18 de julio. Y la empresa de extracción de aguas y el sistema de canalización de riego las adquirió el 31 de julio del 2014 y las vendió en octubre del mismo año.

Cabe recordar que la Fiscalía solicita para José Miguel González, propietario de diversas estaciones de servicio, ocho años de prisión, al igual que para el otro acusado, que se encuentra en estos momentos en busca y captura. Y el juicio está previsto que se celebre este lunes, 13 de enero. El letrado defensor señala que en esta acusación existe una vulneración de la tutela judicial efectiva sin indefensión y que no se pueden juzgar unos hechos que ya han sido juzgados.

En su escrito de calificación, Pérez Sánchez indica que la propia Fiscalía se opuso en dos ocasiones a la mencionada querella, que fue interpuesta por tres hermanos y sus respectivas parejas, que eran hasta el 2014 los propietarios de los bienes ya mencionados.

Según la defensa, los escritos de acusación, tanto del Ministerio Fiscal como de la acusación particular «comienzan relatando los hechos ya juzgados, pretendiendo alegar ahora un plan preconcebido entre Bienvenido Valenzuela Bernal y mis mandantes que, de existir (cosa que se niega), existiría desde esos hechos ya juzgados, sin que en ningún momento de la anterior instrucción y enjuiciamiento se alegase nada» en contra de José Miguel González Martín o de la sociedad mercantil Inversiones Atogo Canarias S.L.U.

Otro de los argumentos esgrimidos por Gerardo Pérez consiste en que, por unos mismos hechos se pretende castigar dos veces a José Miguel González y a la entidad Inversiones Atogo Canarias S.L.U. Indica que «es un hecho no controvertido que la entidad mercantil es unipersonal y que tiene un administrador único», que es José Miguel González, el dueño de la gasolinera La Chasnera. Refiere el letrado defensor que «lo contrario supondría un doble castigo, que implicaría una vulneración de los principios constitucionales que inspiran el derecho penal».

En su documento de defensa, niega el abogado que su cliente suscribiera los contratos «con el ánimo de que los querellantes, u otros acreedores de Bienvenido Valenzuela Bernal o de Arafoil S.L. (la sociedad adquirida), no cobrasen sus respectivos créditos».

También rechaza que sus mandantes «fueran conocedores de las deudas de Arafoil S.L., o de los créditos de los querellantes con el otro acusado»; que urdieran un plan para perjudicar a los hermanos vendedores y sus parejas, así como que quisiera defraudar a acreedor alguno en las operaciones de compraventa, así como que obtuvieran un beneficio ilícito con las adquisiciones.

El abogado defensor niega que existiera un plan preconcebido o un ánimo defraudatorio, como sostienen la Fiscalía y la acusación particular. A su juicio, plantean «un dolo que es falso y que, además, no consta en ninguna de las diligencias practicadas o pruebas aportadas».

Sobre la venta de la estación de servicio, fincas y la empresa de extracción de agua, cuyos contratos se firmaron el 4 de julio y el 31 de julio del 2014, indica Gerardo Pérez Sánchez que «ninguno de mis representados tiene relación ni con esos negocios, ni con sus contraprestaciones u obligaciones».

Cabe recordar que el otro acusado, Bienvenido Valenzuela, ya fue condenado en el 2019 a cuatro años y medio de prisión por estafa agravada a los tres hermanos y sus respectivas parejas.

También niega Pérez Sánchez que el valor de la sociedad de extracción de aguas y de su sistema de canalización de riego fuera de 1.800.000 euros, como se refleja en los escritos de la Fiscalía y de la acusación particular. En ese sentido aclara la defensa que por dicha mercantil y el sistema de canalización se pagó un cheque por 601.000 euros.

Respecto a la empresa de extracción de aguas, Mellorina, en un primer momento Bienvenido Valenzuela le vendió un 50% a José Miguel González en un primer momento. Y, después, por unas supuestas desavenencias entre ambos, el primero le vendió al dueño de La Chasnera la otra mitad de la mercantil.

La gasolinera adquirida por José Miguel González en el 2014 se encuentra a la entrada del casco urbano de Arafo, muy cerca del cruce de la carretera insular TF-523 (la subida de Los Loros), en el Cruce del Pino. Todavía no ha podido ponerla en marcha y permanece cerrada. De hecho, la propiedad ha tenido que realizar numerosos trámites ante el Ayuntamiento para intentar poner en explotación la estación y sus instalaciones complementarias.

En cuanto al delito de frustración a la ejecución, explica la defensa que, «si se partiera del presupuesto (negado por esta parte) de que mi mandante debe responder de esas supuestas deudas, mis mandantes no son insolventes. Ninguna prueba existe sobre la insolvencia de ellos. Para la comisión de este delito es un presupuesto previo y necesario que el autor del delito se coloque en una situación de insolvencia. Sin embargo, no existe diligencia de investigación alguna, ni prueba ni indicio de que mis mandantes sean insolventes. Es más, ni siquiera se afirma eso en los escritos de acusación».

Recuerda Gerardo Pérez que el delito de frustración a la ejecución se aplica a quien (en el supuesto de que deba responder de esas deudas) no es insolvente y sí tiene patrimonio suficiente para responder de ellas.

La acusación particular plantea que la responsabilidad civil que se debe aportar a los querellantes es de 1.698.648 euros. Sin embargo, la defensa argumenta que dicha cifra está sacada del procedimiento por el que ya fue acusado y condenado a cuatro años y medio de prisión Bienvenido Valenzuela. Y explica Gerardo Pérez Sánchez que en dicha causa no estuvo acusado José Miguel González, por lo que tampoco se pudo defender.