La Fiscalía pide 8 años de cárcel al dueño de la gasolinera La Chasnera por blanqueo de capitales

La Fiscalía solicita ocho años de prisión para José Miguel González, el dueño de la gasolinera La Chasnera (Granadilla), famosa por la venta de lotería y los premios repartidos en la última década, por un delito de blanqueo de capitales y otro de frustración en la ejecución de la pena.

El Ministerio Público también pide esa misma pena, por los mismos delitos, para un empresario de origen sevillano, que presuntamente actuó de forma coordinada con el propietario del Grupo González Canarias para que éste obtuviera la propiedad de unas fincas y una estación de servicio en el municipio de Arafo.

El juicio por este asunto está previsto que se celebre el próximo lunes, 13 de enero, en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

La defensa de José Miguel González y la sociedad mercantil Inversiones Atogo Canarias, ejercida por el abogado Gerardo Pérez Sánchez, niega que existiera acuerdo o complot alguno entre los acusados.

Según este letrado defensor, el empresario granadillero adquirió unas propiedades que estaban en el mercado, libres de cargas, a un empresario sevillano.

Cabe recordar que el intermediario sevillano, Bienvenido Valenzuela, ya fue condenado en junio del 2019 por un delito de estafa agravada a cuatro años y seis meses de prisión, en relación con la citada operación inmobiliaria, ya que supuestamente no cumplió con los compromisos reflejados en el contrato de compraventa de las citadas fincas y la referida gasolinera de Arafo.

Valenzuela supuestamente acordó con los vendedores de tales propiedades que se comprometía a pagar la deuda de una hipoteca y los intereses de la misma, que afectaban a una vivienda, por un valor total próximo a los 300.000 euros. Sin embargo, el abono de ese dinero nunca se realizó.

Según el escrito de la Fiscalía, el empresario sevillano se aprovechó de la desesperada situación económica que atravesaban los perjudicados, un matrimonio, que eran dos de los propietarios de la citada gasolinera de Arafo y contactó con ellos. Y, con ánimo de obtener un beneficio patrimonial, realizó una oferta de compra, "sin intención previa de cumplir las obligaciones contraídas con ellos".

El acuerdo para la adquisición participaciones en la sociedad Arafoil conllevaba la firma también de las escrituras de compra de otros bienes inmuebles, en los que se ubica la estación de servicio, las fincas y la cafetería.

Valenzuela Bernal suscribió con los tres hermanos y sus respetivas parejas la compra de una finca de 870 metros cuadrados, con una vivienda de 173 metros cuadrados de superficie, por 98.000 euros, así como otra finca de 260 metros cuadrados por 52.000 euros.

En el patrimonio de Arafoil figuraba también otra vivienda unifamiliar en Barranco Hondo (Candelaria), que era la vivienda habitual del matrimonio ya mencionado.

El compromiso de Valenzuela presuntamente, según la Fiscalía, también contenía la dación en pago del mencionado chalet, debiendo el empresario sevillano cancelar las cargas que gravaban la finca, especialmente la hipoteca en un plazo de tres meses. En la escritura pública dicha transacción se valoró en 235.000 euros.

Las operaciones descritas se documentaron el 4 de julio del 2014 en escritura pública ante el Notario de Güímar.

En el escrito del Ministerio Público se afirma que "con la intención de apropiarse de un negocio de extracción y canalización de aguas sin satisfacer la correspondiente contraprestación, el acusado Valenzuela Bernal ofertó la compra" a los citados hermanos y sus esposas de una empresa dedicada al alumbramiento de aguas subterráneas y una comunidad de aguas, dedicada a la canalización de riego para la extracción y distribución de recursos hídricos.

La adquisición de esa sociedad mercantil y de la comunidad de aguas se hizo en un sólo día, el 31 de julio del 2014, por 1.800.000 euros.

La empresa de alumbramiento de aguas fue vendida por los tres hermanos y sus esposas al empresario sevillano por 600.000 euros, pero los vendedores aseguraron que nunca recibieron ese dinero, según expone la Fiscalía.

Valenzuela Bernal supuestamente firmó una escritura de reconocimiento de deuda por la que se comprometía a pagar a los vendedores 800.000 euros por las operaciones ya mencionadas en un plazo de un año y medio.

En opinión del Ministerio Público, este empresario no tenía intención de cumplir las obligaciones de pago asumidas, excepto 12.000 euros a la Seguridad Social, 40.000 a la gestoría y 90.000 para obras en la red de riego.

Y tampoco abonó las cuotas de la hipoteca existente sobre la vivienda familiar de Barranco Hondo antes del 5 de octubre.

Y, a continuación, Bienvenido Valenzuela, "sin satisfacer las cantidades pactadas y debidas a sus vendedores, con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, y eludir el pago de toda deuda, procedió a la venta de los inmuebles y mercantiles que constituyeron su objeto, transmitiéndolas de forma onerosa en poco tiempo a un tercero, a la mercantil Inversiones Atogo Canarias SLU., de la que es administrador y titular el acusado José Miguel González", según la Fiscalía.

En opinión del Ministerio Público, ambos actuaron "en connivencia, ya que José Miguel González era pleno conocedor de la situación de la empresa (de los hermanos perjudicados y sus esposas), ya que había intentado adquirirla meses antes".

Además de los ocho años de prisión, la Fiscalía reclama que la sentencia obligue a los dos acusados y a la empresa Inversiones Atogo Canarias indemnice con 298.000 euros al matrimonio propietario del chalet de Barranco Hondo; así como 1.400.000 euros a los tres hermanos y sus esposas por la empresa de alumbramiento de aguas y la comunidad de aguas.