Fraude con las cotizaciones: deben pagar más de 637.000 euros a la Seguridad Social

Los implicados estuvieron al frente de dos empresas de la construcción

Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife

Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife / E.D.

Un hombre ha sido condenado en la mañana de este lunes, 24 de junio, a dos años de prisión y a pagar una multa de alrededor de 400.000 euros como autor de un delito contra la Administración de la Seguridad Social.

Otro individuo, que figuraba como cooperador necesario en dicha actuación ilícita, fue condenado a un año de cárcel y a abonar más de 200.000 euros por el citado fraude. Ambas personas llevaron a cabo las infracciones penales cuando se hallaban al frente de dos empresas de la construcción.

El juicio se iba a celebrar en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, bajo la presidencia del magistrado Francisco Mulero. Sin embargo, la fiscal, la letrada de la Tesorería de la Seguridad Social y las defensas de los procesados llegaron a una conformidad, por la que los implicados reconocieron la autoría de los hechos, a cambio de que se les redujera la pena privativa de libertad.

De esa manera, la sentencia dictada en el momento por la autoridad judicial supone también que los acusados pierden la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas, así como el derecho a gozar de los beneficios e incentivos sociales o de la Seguridad Social durante un periodo de cinco años.

Según planteó la representante del Ministerio Público en su escrito de calificación inicial, la acusación se dirigió contra un ciudadano español, sin antecedentes penales, como presunto autor de un delito contra la seguridad social, así como contra un hombre extranjero, que carecía de antecedentes penales computables para esta causa.

El primero de ellos era plenamente consciente de la obligación que tenía de pagar las cotizaciones, pero con la intención de obtener un beneficio patrimonial, evitó el abono de las cuotas sociales de los trabajadores de su empresa de construcción.

De esa manera, este primer acusado generó una deuda con la Administración de la Seguridad Social de 213.957 euros, "pese a contar con ingresos de más de 1.300 euros durante ese año, que le suponían una amplia capacidad de pago".

A consecuencia del impago de la deuda, se procedió por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social al embargo de sus cuentas bancarias. Pero de esa manera sólo se consiguieron recuperar 1.558 euros y quedaron pendientes de abonar 212.398,83 euros.

El primer implicado cesó como autónomo y su empresa se quedó sin actividad alguna por carecer de trabajadores.

El segundo acusado trabajó en la empresa del primero de los procesados, pero procedió a darse de alta como autónomo en la actividad de la construcción.

Los dos individuos, con conocimiento de la deuda que el primer acusado tenía con la Administración de la Seguridad Social y de la previsible iniciación de un proceso para el cobro de la misma, se pusieron de común acuerdo e idearon un plan con el objetivo de quedar al margen del abono de la cantidad económica. Y así crearon una nueva sociedad mercantil a nombre del segundo hombre para continuar con la actividad de la anterior.

La nueva empresa, con razón social a nombre del cooperador necesario, era gestionada, en realidad por el primer procesado.

De hecho, este hombre procedió a contratar a diez trabajadores que ya habían estado empleados en la primera mercantil. Y continuó con la misma actividad de la construcción, pero evitando temporalmente el pago a la entidad acreedora.

En un primer momento, la fiscal pedía para el primer implicado tres años de prisión. Sin embargo, tras el acuerdo de conformidad, esa petición de condena se redujo a dos años.

Los dos varones se han comprometido por escrito a abonar la totalidad de la deuda con la Seguridad Social, de la que ya han abonado parte.

Las partes también acordaron suspender la pena de ingreso en prisión a cambio de que los individuos no cometan delitos durante un periodo de cinco años.