La Fiscalía acusa a miembros de Protección Civil en Canarias de cohecho y falsedad documental

La Fiscalía solicita cinco y nueve años de prisión al jefe de la Agrupación de Protección Civil de Santa Cruz de La Palma y a un integrante de este colectivo como presuntos autores de los delitos de cohecho (recibir sobornos) y falsedad documental.

Una de las infracciones penales, según el escrito de calificación del Ministerio Público, consistía presuntamente en dirigirse a personas condenadas por juzgados a tareas en beneficio de la comunidad para que, a cambio de una determinada cantidad de dinero, se les firmara el certificado de haber realizado tales trabajos, aunque no los hubieran hecho.

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Y, en otra ocasión, según la Fiscalía, llegaron presuntamente a advertir al organizador de una prueba automovilística para que les entregara 1.700 euros si no quería que se hicieran las actuaciones oportunas para suspenderle el evento, cuando ya los participantes se hallaban inscritos y faltaba poco para el inicio de la competición.

El juicio está previsto que se celebre con Tribunal del Jurado durante la próxima semana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

El primer acusado había ejercido como jefe del Servicio de Protección Civil de Santa Cruz de La Palma durante 28 años.

Según el Ministerio Público, dicha persona aprovechó tal condición, guiado presuntamente por el ánimo de obtener un ilícito beneficio económico y con la única finalidad de alterar la realidad con grave perjuicio para la Administración, para dirigirse a ciudadanos que habían sido condenados en sentencia firme.

Y les prometía que, a cambio de una determinada cantidad de dinero, les firmaría el oportuno certificado acreditativo de haber realizado los trabajos en beneficio de la comunidad en servicios propios de Protección Civil, sin que se hubieran llevado a cabo realmente o justificando muchas más jornadas de las que en realidad se habían efectuado.

Con ese procedimiento ilegal se generaba un error en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que, en la creencia de un desarrollo normal de la ejecución de las oportunas penas, archivaba las correspondientes ejecutorias, ya que entendía cumplidas las mismas en su integridad.

Según los hechos incluidos por la Fiscalía en su escrito de calificación, así ocurrió con una mujer que tenía que cumplir 48 días de tareas en beneficio de la comunidad tras una sentencia de un Juzgado de lo Penal de Santa Cruz de La Palma. El primer denunciado se dirigió a un comercio donde trabajaba dicha persona en Breña Alta para plantearle dicha posibilidad.

El segundo caso se refiere a un varón que fue condenado a cumplir 60 días de trabajo en beneficio de la comunidad por un juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa Cruz de La Palma. Para evitar cumplir la totalidad de esa medida, el individuo realizó una donación de seis pares de botas, cuyo valor asciende a 300 euros.

Además, los dos acusados exigieron presuntamente "una cantidad de dinero para poder permitir la celebración" de una carrera de coches en Santa Cruz de La Palma.

Según el Ministerio Público, "los acusados, haciendo uso de las funciones públicas de las que gozaban en beneficio propio y sirviéndose, por tanto, de su participación en el ejercicio de la función pública, condicionaban la celebración" de la prueba automovilística "a la indebida satisfacción de sus exigencias económicas".

El jefe del Servicio de Protección Civil se dirigió al promotor de la carrera, en momentos inmediatamente anteriores a la celebración, cuando ya estaba organizada la prueba y con la presencia de todos los equipos y escuderías, para exigirle 1.700 euros.

Y le advirtió al organizador que, si no pagaba, provocaría la suspensión del evento, con las consecuencias que ello tendría para el promotor, también a nivel económico.

Señala el Ministerio Público que, debido a las presiones ejercidas por los acusados y a la escasa capacidad de reacción que tenía, el organizador le entregó al segundo acusado en un hotel de Breña Baja de un sobre que contenía 1.600 euros momentos antes de la competición.

Considera el fiscal que dicha aportación de dinero se hizo en base a las instrucciones dadas por el primero de los acusados, que, en su condición de jefe de Protección Civil, era quien establecía las directrices que el promotor de la carrera tenía que seguir.

El Ministerio Público solicita una condena para el primer acusado de cinco años de cárcel, una multa de 3.600 euros e inhabilitación especial para el empleo o cargo público durante 11 años.

Y la Fiscalía pide para el segundo acusado nueve años de prisión en total, así como una multa de 6.300 euros de multa. Además, plantea que ambos devuelvan al organizador de la carrera de coches los 1.600 euros que le exigieron.