Rechazan la demanda de una empresa de criptomonedas de Tenerife, acusada de una presunta estafa piramidal millonaria

El director de la entidad de criptomonedas podría enfrentarse a penas de hasta 18 años de cárcel

La sede de Arbistar está en un edificio de oficinas de Playa de las Américas.

La sede de Arbistar está en un edificio de oficinas de Playa de las Américas. / E.D.

Santa Cruz de Tenerife

La Audiencia Provincial de Tenerife ha absuelto a dos personas y al buscador Google del delito de atentar contra el honor de la empresa Arbistar 2.0 dedicada al sector de las criptomonedas y radicada en Arona que actualmente está siendo objeto de una causa penal por una presunta estafa piramidal millonaria.

La entidad dirigida por Santiago Fuentes presentó una demanda en la que instaban a los juzgados para que protegiesen su derecho al honor frente a lo que consideraban "intromisiones ilegítimas" hacia su reputación que habrían vertido los denunciados a través del canal Youtube.

En la misma querella incluían también a Google por considerarlo administrador, titular o propietario de la Plataforma Digital.

En primera instancia un Juzgado de Arona desestimó también la versión de la empresa al quedar acreditado que actualmente son objeto de una investigación policial y judicial en el ámbito penal ante los indicios de que podrían haber incurrido en una estafa piramidal, tal y como se recogía en los comentarios denunciados.

Google Spain SL manifestó que no eran titulares de los servicios de YouTube en Europa y que ni siquiera se les puede atribuir o acreditar que haya tenido conocimiento de la ilicitud de las supuestas injurias que le permitiera actuar con diligencia para retirar los datos o bloquear el acceso a los mismos.

La Audiencia Provincial se niega a anular la sentencia inicial que absolvió a los demandados y comprobó que efectivamente las supuestas intromisiones se refieren a una causa penal de la que es objeto la entidad.

El fallo apunta que las manifestaciones de los ciudadanos se sitúan dentro del derecho de información y expresión y aprecia la prevalencia de éste frente a la protección al honor dada la relevancia pública de los hechos.

Como prueba de la importancia de la investigación se citan las medidas cautelares adoptadas sobre el patrimonio del propietario de la empresa por parte de la Audiencia Nacional que tramita la causa cuyas consecuencias tendrían "alto alcance".

En aquellos momentos los cálculos apuntaban que la estafa podría superar los 50 millones y afectar a casi 3.150 inversores que en estos momentos se han personado en el proceso y que residen tanto en el territorio nacional como en Irán, Bulgaria, Colombia o Argentina.

Los últimos cálculos de la Audiencia Nacional apuntan a que en realidad podrían estar perjudicados 32.000 personas que habrían perdido cerca de 92 millones entre mayo de 2019 y septiembre de 2020 que fue cuando se denunció la presunta trama considerada una de las mayores estafas en cuanto a activos digitales.

El pasado mes de junio la Audiencia Nacional ordenó la prisión comunicada y sin fianza para Fuentes fundador de la Plataforma al atribuirle los presuntos cargos de delitos de organización criminal y estafa en masa que podrían suponer penas de hasta 18 años de cárcel, dado el alto riesgo de fuga existente.

La medida se adoptó también ante la posibilidad de que el cabecilla pueda acceder a los numerosos millones de euros contenidos en dispositivos de almacenamiento con claves privadas desde cualquier lugar del mundo.

La causa se inició en septiembre de 2020 en un juzgado de Arona, que poco después, a principios de 2021, se inhibió a favor de la Audiencia Nacional tras comprobar el alcance del presunto fraude a escala mundial.

Entonces se exigió el deposito solidario de 123 millones, que se corresponde a lo defraudado más un tercio con el fin de asegurar las indemnizaciones que se podrían imponer en caso de una posible condena y a la que deberían responder los siete procesados hasta ahora.

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