Declaran en desamparo a una menor tras sufrir agresiones sexuales en Tenerife

Una menor de edad fue declarada en desamparo por el Gobierno de Canarias después de que denunciara que había sufrido abusos sexuales y violaciones durante años por parte de un adulto con el que pasaba los fines de semana. La Fiscalía solicita doce años de prisión para el mencionado varón como presunto autor de un delito continuado y consumado de agresión sexual a una adolescente de menos de 16 años.

El ahora acusado, mayor de edad y vecino de Santa Cruz de Tenerife, actuaba siempre con un mismo propósito de satisfacción de sus instintos lúbricos y con consciente desprecio de la libertad e indemnidad sexual de la víctima, según plantea el Ministerio Público en su escrito de calificación de los hechos.

El juicio está previsto que se celebre la próxima semana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Los episodios ocurrieron en numerosas ocasiones y en fechas no determinadas. El individuo aprovechaba que la afectada pernoctaba todos los fines de semana en su domicilio. Y muchas veces le realizó tocamientos en los pechos y en sus órganos genitales, además de "chuparle estas partes del cuerpo".

Además, el implicado presuntamente la besaba en la boca y se masturbaba delante de la menor de edad. Pero también la obligaba a masturbarlo y, en otras ocasiones, a realizarle felaciones, según la Fiscalía.

En un determinado momento, el hombre también comenzó a penetrarla vaginalmente, llegando a eyacular en su interior, a pesar de la oposición expresa y activa de la víctima cada vez que ocurrían este tipo de hechos.

En base a la información recopilada por agentes de la Policía Nacional, la perjudicada pertenece a una familia disfuncional y desde que era pequeña acudía a la vivienda del hoy acusado durante los fines de semana para ayudarlo. Además, en dicha casa se sentía acogida, pues disponía de una habitación para ella.

Esa dependencia de la niña fue aprovechada presuntamente por el procesado, al igual que su corta edad y su desarrollo físico y mental, para realizar los actos ya mencionados con anterioridad. Además, en opinión del Ministerio Público, el presunto autor abusó de su situación de superioridad sobre la víctima.

Cuando la menor alcanzó un mayor grado de desarrollo y comenzó a negarse a sus pretensiones sexuales, el procesado, aunque no llegó a emplear amenazas, sí empezó a forcejear con la afectada y a emplear su mayor complexión física para superar su resistencia y lograr tener relaciones sexuales completas.

Supuestamente, tales episodios se repitieron durante años. Y los casos fueron denunciados por la perjudicada, en compañía del jefe de Estudios del instituto de enseñanza secundaria en el que se formaba, ante el Grupo de Menores (Grume) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife de la Policía Nacional.

En base a los informes realizados por las forenses del Instituto de Medicina Legal (IML), la adolescente no presenta en la actualidad secuelas psicológicas en forma de trastorno de estrés postraumático, pero no puede descartarse que éste pueda surgir durante la edad adulta, a raíz de los hechos mencionado, según plantea la Fiscalía en su escrito de calificación.

En el momento en que fue detenido por la agresión sexual continuada, al individuo le constaban antecedentes penales, ya que había sido condenado a un año de cárcel por un delito de homicidio imprudente, así como por otro caso de lesiones o maltrato en el ámbito familiar.

A raíz de la presentación de la denuncia y la intervención de los profesionales del Grume de la Policía Nacional, la menor de edad fue declara en situación de desamparo por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias.

Desde la autoridad competente se acordó la suspensión de la patria potestad sobre la víctima y, con posterioridad, se formalizó un régimen de acogimiento familiar temporal a favor de dos familiares de la misma.

A juicio del Ministerio Público, no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal del individuo. Además, solicita una condena de doce años de prisión; prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y a comunicarse por cualquier vía con la víctima durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena de privación de libertad, así como otros diez años de libertad vigilada.

Además, la Fiscalía reclama que el varón indemnice a la perjudicada con 40.000 euros por los daños y perjuicios morales ocasionados.