El incendio de Tenerife ha afectado a 364 fincas registrales y a 246 edificaciones o construcciones, la mayoría de ellas de naturaleza agropecuaria, según los datos del Colegio de Registradores de España, obtenidos a través de su Portal Registral de Emergencias (PRE), que cruza datos propios con el sistema satelital europeo Copernicus.

El incendio se ha extendido por cinco distritos hipotecarios de los registros de la propiedad de Santa Cruz de Tenerife Número 4, con 33 fincas registrales y 20 construcciones afectadas; Tacoronte, 111 fincas afectadas y 33 construcciones; El Rosario, 12 fincas afectadas y 6 construcciones; Güímar, 43 fincas afectadas y 11 construcciones; y La Orotava, registro con el mayor número de fincas afectadas, 165 y, además, de mayor extensión, y 176 construcciones o edificaciones afectadas.

El Colegio Profesional indica que el Portal Registral de Emergencias es una herramienta abierta y pública a través de la cual los ciudadanos afectados pueden comprobar, por la ubicación de su finca o propiedad, si esta ha resultado afectada por el incendio y solicitar directamente la información registral mediante nota simple informativa al registro competente.

El Colegio ha destacado que en los últimos meses se han implementado mejoras en el PRE, que aportarán a usuarios y administraciones, entre otras cuestiones, un registro previo a la emergencia que incluye la localización de fincas a través de la referencia catastral, del código registral único CRU, o de la calle y del número de municipio.

Base de hidroaviones

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha lanzado una reflexión sobre "la necesidad de que Canarias tenga una base permanente de hidroaviones". Según Dávila, "después de tres años sufriendo incendios terribles para toda Canarias, creo que ya no se cuestiona que Canarias necesita una base permanente de hidroaviones".

Además, se cifran los primeros daños del incendio en 80,4 millones de euros, un primer informe que facilitará la declaración de la zona afectada por las llamas como 'zona catastrófica' por parte del Gobierno de España.