El acusado de matar a sus padres en Tenerife, culpable del doble asesinato

Los miembros del Jurado consideraron, por unanimidad, que el acusado, Gabriel Iván Mateo Díaz, es culpable del asesinato de sus padres en el domicilio de estos en el sur de Tenerife, ya que supuestamente no querían darle suficiente dinero para que comprara droga.

El veredicto del Tribunal Popular se leyó en la tarde de este miércoles, 24 de mayo, después de que el juicio por ambas muertes violentas comenzaran el pasado lunes en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Los hechos ocurrieron el 11 de marzo de 2020 en la finca que las víctimas, María Isabel Díaz y Juan Manuel Mateo, poseían en las cercanías del Barranco de La Orchilla, cerca del paraje de Viña Vieja, en el municipio de San Miguel de Abona.

Los integrantes del Jurado consideraron probada la actitud violenta del acusado en determinadas ocasiones. De hecho, el 1 de abril de 2015 fue condenado por agredir de manera continuada a su expareja sentimental, mientras que en septiembre de 2017 se le impuso otra pena por malos tratos en el ámbito de la violencia de género.

Además, después de los dos días de juicio, para los nueve miembros del Tribunal Popular quedó claro que Gabriel Iván estaba en la vivienda de sus progenitores cuando se produjo el ataque mortal.

En base a la inspección ocular realizada por el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil y el informe de los médicos forenses que realizaron las autopsias, el acusado se aproximó de frente a su madre y le propinó dos puñaladas en el tórax y una en el costado, que afectaron a órganos vitales y produjeron su muerte. Además, cuando María Isabel ya estaba en el suelo, la degolló.

A su padre también se aproximó de manera frontal y le propinó seis cuchilladas, que le provocaron una hemorragia mortal. Al progenitor también le cortó el cuello.

Los guardias civiles de Criminalística explicaron que la vivienda no estaba revuelta, lo que indica que no hubo lucha entre las partes, ni posibilidad de defensa de las víctimas. Además, la puerta de acceso no estaba forzada y, cuando los hermanos del procesado y los policías locales de San Miguel llegaron a la casa, esta permanecía cerrada con llave. Según los testigos, las únicas personas que tenían llave del domicilio eran María Isabel, Juan Manuel y Gabriel Iván, según recordaron ayer los integrantes del Jurado.

Además, en la vivienda faltaban los móviles del matrimonio, su teléfono fijo, las llaves de la casa y una riñonera de María Isabel, donde esta solía guardar la recaudación por la venta de productos en el mercadillo.

El Tribunal Popular también tuvo en cuenta que Gabriel Iván confesó los hechos, primero en una declaración espontánea ante un comandante de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil en la gasolinera donde ambos quedaron para hablar. Y después mantuvo esa versión en el testimonio que prestó en dependencias del Instituto Armado.

En el veredicto también se considera probado por unanimidad que existió agravante de parentesco, en la medida en que Gabriel Iván era hijo de las víctimas y, además, convivía con estas en la época en la que ocurrió el suceso. Según dijo a sus familiares, el motivo de que no residiera en una casa de su propiedad en Granadilla es que se sentía amenazado.

En base a lo expuesto por los médicos forenses, el acusado tuvo intención de causar la muerte, por el tipo de puñaladas que realizó a sus progenitores. Además, otros peritos del Instituto de Medicina Legal valoraron que Gabriel no tenía alteradas sus capacidades de comprender y de actuar cuando mató a María Isabel y Juan Manuel. De hecho, tras asesinarlos, guardó la ropa ensangrentada y el arma en una bolsa, que después tiró en un contenedor de basura.

Las víctimas del asesinato de San Miguel no tuvieron opción de defensa

En la casa donde ocurrió el doble asesinato tampoco se hallaron restos de un consumo reciente de crack, lo que desmonta el relato de los hechos planteado por el hijo menor del matrimonio de San Miguel.

Ante el veredicto de culpabilidad, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, solicitó 44 años de prisión para el acusado (22 por cada asesinato), otros diez de libertad vigilada, prohibición de aproximarse al domicilio que fue de las víctimas y al lugar donde se hallen sus dos hermanos. Además, el Ministerio Público pidió que Gabriel indemnice a sus hermanos con 300.000 euros a cada uno.

El abogado de la acusación particular, en nombre de los otros dos hijos de las víctimas, reclamó una pena para Gabriel Iván de 50 años de cárcel (25 por cada muerte) y un total de dos millones de euros en concepto de responsabilidad civil para sus hermanos.

La letrada de la defensa planteó una pena privativa de libertad de 40 años y la responsabilidad civil que se considere. Pero ya adelantó la abogada que el acusado es insolvente.