La Audiencia Nacional da vía libre para que sea extraditado a Chipe un hombre que está preso en la prisión Tenerife II acusado de blanquear unos 12 millones de euros. El abogado de este hombre es Francisco Maroto Granados, quien representó al extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas y a los controladores aéreos.

El letrado se opuso a la extradición alegando que ahora hay un procedimiento en la Audiencia Provincial de Madrid pendiente de que se celebre un juicio oral en 2023, también por una enfermedad grave del reclamado y riesgo de que en Chipre se produzca una vulneración de derechos fundamentales en un proceso que no sea equitativo.

Tras la detención en Tenerife del reclamado, el 22 de agosto pasado se celebró una vista a través de videoconferencia con el Juzgado Central de Instrucción, pero el abogado alega que no pudo realizar la entrevista con su cliente por problemas técnicos y tuvo que hablar con él por teléfono. Maroto añade que en aquel momento el detenido estaba desorientado porque nunca había estado privado de libertad y además padece claustrofobia y otras patologías clínicas.

También indica que no se cumplieron con determinadas obligaciones legales para garantizar sus derechos, y por ello pide la nulidad del proceso. La Audiencia Nacional sostiene que, cuando fue detenido en Tenerife, el acusado fue informado de sus derechos en español y en italiano, y se cumplió con todos los requisitos legales, además de contar con un abogado de oficio.

El procedimiento penal abierto en Chipre se inicia mediante la denuncia de una funcionaria de Inspecciones del Servicio de Revisión de Empresas de Seguros en la que se indicaba que en 2017 existían activos en una empresa aseguradora que eran sospechosos y no parecían reales.

Todo ello a raíz de la compra por parte de la sociedad a finales de 2015 de una entidad radicada en Panamá y con domicilio en Luxemburgo.

El ahora detenido era uno de los directivos de la aseguradora que compró los activos y que acabaría siendo liquidada y disuelta por el Juzgado.