Indemnizan a un guarda tras ser despedido de un coto de caza en Tenerife

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Santa Cruz de Tenerife consideró que una sociedad de cazadores de Igueste de San Andrés rescindió el contrato que tenía firmado desde hacía más de siete años con un guarda rural de forma contraria a derecho y, por ese motivo, decidió que el mencionado trabajador tenía que ser indemnizado con más de 4.000 euros.

La denuncia fue presentada por un guarda, que tiene más de 20 años de experiencia en este ámbito profesional, contra la asociación Sociedad de Cazadores San Pedro de Igueste. Durante el procedimiento judicial, dicho colectivo aceptó las demandas realizadas por su exempleado.

Decisiones

Ante dichas circunstancias, el magistrado juez de dicho órgano judicial consideró que, en primer lugar, no fue conforme a derecho la decisión adoptada en el seno del mencionado colectivo el 20 de julio del 2021, que consistió en dar suspensión temporal al contrato de prestación de servicios suscrito a comienzos del año 2014 entre la Sociedad y el denunciante.

La autoridad judicial estimó que tampoco fue conforme a derecho la decisión adoptada una semana después por la citada entidad sobre la rescisión unilateral del contrato citado.

Ante esos argumentos, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Santa Cruz de Tenerife resolvió que la Sociedad de Cazadores San Pedro de Igueste debía indemnizar al guarda rural con algo más de 4.000 euros por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual. Recientemente la asociación ingresó en la cuenta del Juzgado la mencionada cantidad de dinero para indemnizar al demandante, que ya ha recibido la compensación.

Experiencia

El trabajador ha participado en numerosos servicios de localización e identificación de infractores, así como en rescates, tanto de cazadores como de senderistas accidentados o extraviados en diversos parajes del macizo de Anaga en el transcurso de los últimos años.

Desde el entorno del denunciante explican que, tras más de 20 años de servicio en el citado coto privado de caza, nunca había tenido problema alguno con los asociados ni juntas directivas anteriores.

Diferencia de criterio

Según las mismas fuentes, el motivo de la rescisión del contrato del guarda rural estuvo en una diferencia de criterio sobre quién debía abonar los impuestos de su salario.

Además, los integrantes de la actual junta directiva de la sociedad han sido denunciados en juzgados de la capital tinerfeña, ya que, a juicio de los denunciantes, presuntamente han vulnerado los derechos de los asociados durante el ejercicio de su actividad, según ha trascendido.