La Policía Nacional ha desarticulado en Tenerife una estafa continuada de más de 800.000 euros realizada por un matrimonio, de 42 y 39 años de edad respectivamente y con antecedentes policiales, que actuaba como agentes externos de una reconocida empresa inmobiliaria, que solicitaba dinero en concepto de señales o reservas y luego se apoderaba del dinero de sus víctimas.
Este mes los agentes de la Policía Nacional comenzaron a recibir denuncias similares de personas que manifestaban haber suscrito contratos de arras penitenciales para la compra de viviendas, entregando cuantiosas sumas a una inmobiliaria que se resolvían con la pérdida del dinero y sin opciones de adquirir la vivienda.
Se aprovechaban de una inmobiliaria prestigiosa
Esta inmobiliaria, ubicada en San Cristóbal de La Laguna, estaba dirigida por un matrimonio, que actuaba como agentes externos de una empresa de una inmobiliaria de reconocido prestigio. De este modo, accedían a su cartera de clientes y obtenían la información necesaria para su acción defraudatoria.
El modus operandi consistía en captar datos de los clientes de la reputada inmobiliaria, y a través de la propia agencia, realizar compraventas ficticias de los mismos. Así, se constata que compradores de buena fe, desembolsaban sumas de hasta 85.000 euros, en algunos casos, para la reserva de una vivienda que jamás lograban adquirir.
Todo ello sucedía sin que el propietario de la vivienda tuviera conocimiento alguno de que se estaba llevando a cabo la fraudulenta venta de su inmueble. Cuando los clientes estafados exigían responsabilidad al matrimonio, estos manifestaban que les iban a devolver el dinero expidiéndoles cheques y pagarés a sabiendas de que no los podían cobrar por carecer de fondos, generándoles, además, un incremento del perjuicio patrimonial a los afectados.
Detenidos y puestos a disposición judicial
La investigación desencadenó un dispositivo policial, que tras autorización judicial, culminó con la entrada y registro de una lujosa vivienda valorada en un millón de euros ubicada en la zona de Puerto de la Cruz, donde se produjo la detención del matrimonio que fue puesto a disposición de la autoridad competente.
Además, en el domicilio, en el que vivían sin pagar el alquiler, razón por la cual les contaba una orden de desahucio, se intervinieron contratos y abundante documentación, así como equipos informáticos y material que está siendo analizado por los expertos de la Policía Nacional.
