Un policía local de Arona fue detenido días atrás como presunto autor de los delitos continuados de cohecho, estafa perpetrada por funcionario público con abuso del cargo y falsificación de documento público.

El agente municipal presuntamente aprovechaba su trabajo en la zona turística para abordar, generalmente, a jóvenes turistas que supuestamente tuvieran pequeñas cantidades de droga o botellas de alcohol, o bien se hallaran bajo la influencia de estupefacientes o estuvieran ebrios. A partir de ese momento, simulaba levantarles un acta, pero era un documento falso. En base a los datos que han trascendido, el objetivo de esa acción presuntamente era amedrentar a los afectados para exigirles una determinada cantidad de dinero en efectivo, que supuestamente cobraba en ese mismo instante y que se lo quedaba el mencionado funcionario.

La citada información fue adelantada este domingo por Radio Televisión Canaria (RTVC). Y todo el proceso de investigación se inició a raíz de un aviso realizado por una ciudadana anónima en el Ayuntamiento de Arona.

La citada vecina puso en conocimiento de la corporación local que había visto un comportamiento extraño del referido policía local a la hora de intervenir con turistas, sobre todo jóvenes que transitan algunas playas.

Desde entonces, se realizaron una serie de trámites para propiciar el esclarecimiento de los hechos, para determinar si eran ciertos o falsos. En base a esas gestiones, el funcionario policial fue arrestado el lunes 27 de junio por la tarde.

Tras ser puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Arona que se encontraba de guardia, se le impuso una fianza, que fue abonada por el acusado, y quedó en libertad provisional a la espera de juicio.

El policía local no se ha vuelto a incorporar a su puesto de trabajo, puesto que solicitó una baja laboral, según explicaron las fuentes consultadas.

En cualquier caso, a raíz de haber sido detenido, desde el Consistorio de Arona también se le ha abierto un expediente de suspensión de empleo, a expensas de lo que decida en su momento la Administración de Justicia.

Un trabajo de investigación de la Policía Autonómica, bajo la supervisión de la Fiscalía Provincial

La detención fue realizada por agentes de la Unidad de Régimen Interior (una especie de grupo de asuntos internos) del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC).

Y es que el Ayuntamiento puso el caso en conocimiento de la Policía Autonómica. Al estimar que podía existir uno o varios delitos, funcionarios del CGPC informaron a la Fiscalía Provincial de lo que se iba a empezar a investigar.

La Unidad de Régimen Interior realizó vigilancias al citado policía local, cuyo turno laboral era de mañana o de mañana y primeras horas de la tarde. Es decir, que sus acciones presuntamente tenían lugar a plena luz del día.

Fruto de ese seguimiento se supo que el ahora investigado patrullaba cerca de las playas y sus supuestos objetivos estaban en jóvenes turistas extranjeros de entre 20 y 25 años. De esa manera, según los investigadores, se aseguraba de que nadie lo fuera a denunciar o a desvelar su conducta presuntamente irregular. En varios de los casos, se fijó en que los mismos estuvieran fumando porros. Y se dirigía a ellos para comunicarles que su conducta era merecedora de una sanción administrativa.

Hasta ahí, todo parecía normal. A partir de ese momento, a las supuestas víctimas les decía que, si llevaba a cabo un trámite normal, a su país les llegaría una multa de 600 euros por lo que hacían. Sin embargo, ese procedimiento no funciona así. Las multas de ese tipo se tramitan a través de la Delegación del Gobierno o, en algunos casos, del propio Gobierno canario.

Y para simular que les levantaba un acta usaba un papel, que no es el reglamentario en la Policía Local de Arona. Es decir, que presuntamente lo elaboró el citado agente en su casa con datos falsos. Ahí figuraba un logo de Policía Local, pero no se especificaba de qué municipio. Y, después, otro de los elementos de la falsificación es que presuntamente se hacía pasar por policía local de Adeje.

Después ofrecía a los "denunciados" pagarle en ese momento a él la "multa" y así evitaban que el procedimiento llegara a su país y les cobraran una cuantía mucho mayor. Presuntamente les invitaba a ir a un cajero automático que estuviera cerca, él los acompañaba y les podía cobrar 100 o, en algunos casos, 200 euros en efectivo.

Como es evidente, esa acta de denuncia nunca llegaba ni al Ayuntamiento, ni a la Delegación del Gobierno ni al Ejecutivo autónomo, tal y como comprobaron los policías de la Unidad de Régimen Interior del CGPC. Estos funcionarios verificaron que ese "modus operandi" se utilizó hasta en tres ocasiones.

Para ratificarlo, después de las vigilancias y comprobar tal procedimiento desde la distancia, los agentes de la Policía Autonómica se dirigían a hablar con los jóvenes turistas extranjeros, quienes les contaron, supuestamente, lo que les había pasado.

Tras lograr testimonios de dichos tres casos y tras consultar con las autoridades pertinentes, la Unidad de Régimen Interior procedió a detener al agente municipal de Arona en la tarde del pasado lunes, cuando ya había finalizado su jornada laboral.

De esta intervención tuvo conocimiento, en todo momento, la fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, gracias a los datos ofrecidos por los funcionarios del CGPC.

El policía local arrestado es uno de los veteranos de la plantilla de Arona, pues tiene 48 años. El seguimiento al agente, identificado como A.C.M., comenzó en febrero del presente año. Sin embargo, en base a las diligencias remitidas a la autoridad judicial, los hechos venían sucediendo desde, al menos, agosto del año pasado.

Los supuestos cobros ilícitos de dinero se llevaban a cabo en horas comprendidas entre las 12:00 y las 17:00 horas. En las actas de denuncia presuntamente se consignaron mal, a sabiendas, ciertos datos, como el lugar de intervención, el municipio, el número de identificación del agente o el número de registro del acta, según los investigadores.

Y, además, no se completó de forma correcta otra información, como la identificación completa de los jóvenes turistas. Y, como es evidente, tampoco figuraban en esa denuncia falsa elementos como el sello, la rúbrica o el logotipo de la Policía Local de Arona. No obstante, el papel sí se le entregaba a los afectados.

La autoridad judicial decretó la prisión bajo fianza del funcionario, que abonó la misma. Además, como medidas cautelares, se le retiró el pasaporte y debe firmar en el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

No obstante, la investigación continúa su curso por si se hallan nuevas pruebas o indicios relacionados con este asunto.