La Fiscalía de Madrid ha alcanzado un acuerdo de conformidad con 19 de los 23 acusados de integrar una red que organizaba a nivel nacional e internacional peleas ilegales de perros, a los que administraban sustancias dopantes para mejorar su rendimiento y sometían a un «cruel maltrato» desde su nacimiento, han informado fuentes jurídicas.
El macrojuicio arrancaba ayer en la Audiencia Provincial de Madrid, en una primera sesión centrada en cerrar los acuerdos previstos meses antes para la reducción de penas. En el banquillo de los acusados se sentaba un policía local del municipiode Adeje (Tenerife), dos veterinarios y varios criaderos de perros.
El fiscal solicitaba penas de entre tres y siete años de cárcel por delitos de pertenencia a organización criminal, maltrato animal y omisión de la obligación de perseguir delitos, según los casos y que sumaban un total de 102 años. En la causa también se ha personado Podemos y la Asociación Salvando Ángeles Sin Alas.
Al inicio de la vista, las defensas de 19 acusados han alcanzado un acuerdo de conformidad con el fiscal ante el reconocimiento de los delitos imputados. Las acusaciones populares se negaron a sumarse al pacto con el fiscal. Conforme al acuerdo, las penas a imponer en el caso de los 19 acusados que han aceptado se verán reducidas de forma considerable por la aplicación de una atenuante de dilaciones indebidas y reparación del daño. A no todos se les aplicará las dos atenuantes.
La red fue desarticulada en 2017 en un operativo de la Policía Nacional en Madrid, Alicante, Murcia, Tenerife y Andalucía. Los agentes rescataron a 230 perros potencialmente peligrosos.
En su escrito de acusación, el fiscal señala que la red adiestraba a perros de razas potencialmente peligrosas a base de fármacos y sustancias dopantes «muy perjudiciales para los canes», con el objetivo de que fueran más agresivos y así mejorar su rendimiento, recuperación y aumento muscular. Así, los animales están sometidos a una situación de «cruel maltrato» desde su nacimiento, con castigos, alimentación inadecuada y «duros» entrenamientos físicos. Si el perro no moría en la pela y resultaba gravemente herido lo utilizaban como sparring o lo mataban «cuando ya no les era útil para sus fines, desplazándose los miembros de la organización por España o el extranjero, con el único objeto de medir el grado de aptitud de un perro para la pelea».
La investigación arranca en Tenerife
La investigación arrancó después de que un grupo de agentes irrumpiera en un evento que se celebraba en Tenerife y en el que estaban previstas cuatro peleas ilegales, organizadas por un grupo criminal que suministraba anabolizantes a los canes y que se financiaba a través del tráfico de sustancias estupefacientes. Entre los miembros de esta organización existía una división de funciones y también territorial con grupos «claramente» identificados que actuaban en Madrid, Canarias, Alicante, Murcia, Almería y Málaga. En sus territorios formaban pequeños grupos interconexionados entre sí que tenían ramificaciones a nivel internacional, en Italia, Francia, México, Tailandia o Emiratos Árabes. La Fiscalía señala que cada grupo se repartía las funciones de forma jerárquica, de modo que mientras unos se encargaban de organizar las peleas, otros se dedicaban a criar y entrenar a los perros y un tercer grupo participaba en los eventos «apostando en los mismos». Los acusados pactaban por escrito antes de la celebración de cada pelea las condiciones del combate, el dinero que se jugaban, peso de los perros que iban a luchar, penalización en caso de no comparecer, árbitro, fecha y lugar. | Efe
