La sexta ola de coronavirus ha obligado a aplazar el juicio con jurado por el segundo asesinato perpetrado en la pensión Padrón de Santa Cruz de Tenerife, unos hechos por los que la Fiscalía pide 25 años de prisión para el acusado, José Antonio Luis Aguilar. Pese a que estaba previsto que diera comienzo el próximo lunes, 17 de enero, la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha acordado posponer su celebración hasta el próximo mes de abril porque, en estos momentos, no se dan las condiciones necesarias para preservar la salud de los asistentes. En el caso de que la situación sanitaria haya mejorado en abril, el proceso judicial podría tener lugar entre los próximos días 18 y 22 de abril.

José Antonio Luis Aguilar, alias El Jala, fue arrestado en 2019 y ya cumplía una condena de 17 años de cárcel por la muerte violenta de otro usuario de la pensión Padrón, el exmilitar Ángel Bermejo. El esqueleto de Bermejo apareció entre dos colchones en agosto del año 2010 en la habitación número 306 de este establecimiento alojativo. Aunque en aquel momento no se relacionó a Luis Aguilar con la desaparición y muerte violenta de Adoración de la Cruz, cuyo cadáver se encontró de manera fortuita tras un incendio en el barranco de Santos, el Grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía investigaba desde 2016 su posible implicación en el asesinato de Adoración de la Cruz, una mujer con una discapacidad física del 90% y cuya desaparición fue denunciada en 2013.

En el escrito de calificación por el asesinato de Adoración de la Cruz, el fiscal José Miguel Castellón considera que el acusado aplicó "una fuerza brutal" y golpeó "con crueldad" y "saña" a su novia, "causándole un gran dolor y sufrimiento que no eran necesarios" para provocarle la muerte. El conocido como "asesino de la Pensión Padrón" le rompió a la víctima cuatro costillas por cada lado, el maléolo del peroné izquierdo y un hueso en la nuca.

Además de los 25 años de prisión, el Ministerio Público solicita que Luis Aguiar indemnice a los familiares de Adoración con 300.000 euros. El asesinato está considerado como violencia machista, en la que el fiscal estima que concurren las agravantes de alevosía (la víctima no tuvo posibilidad de defensa), ensañamiento (causar un dolor innecesario a la víctima) y parentesco.