La Sala Segunda del Tribunal Supremo ratificó la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en mayo del 2019 contra el llamado Clan de John Palmer, el conjunto de presuntos colaboradores directos del empresario, que durante muchos años estuvo asentado en Tenerife y donde desarrolló relevantes negocios de multipropiedad (timesharing), entre otros, según informó ayer la Cadena SER. Palmer murió asesinado con dos balas de muy pequeño calibre en el jardín de su casa en Brentwood, en el condado de Essex, en el Reino Unido, en junio del 2015. Con su muerte violenta, no tuvo que enfrentarse a los 15 años de prisión que pedía para él la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de asociación ilícita, tenencia de armas, blanqueo de capitales y estafas a centenares de clientes que compraron apartamentos en el Sur de Tenerife.
El juicio a las personas del entorno de Palmer tuvo lugar en enero del 2019, es decir, casi 20 años después de que comenzara la instrucción de la causa. Con esas circunstancias, las penas a los acusados se consideraron muy bajas, sobre todo por la aplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
La actividad delictiva se desarrolló en los años 90 y en la causa se identificó a más de 200 víctimas del fraude, según la instrucción iniciada por el juez Baltasar Garzón en el año 2000. En el banquillo se sentaron siete de los diez acusados iniciales. La Sala eximió a dos de ellos por prescripción del delito, mientras que a otro la Fiscalía le retiró la acusación.
Richard Cashman, el lugarteniente de John Palmer, a quien este encargó la dirección de «todos los negocios» cuando estuvo en la cárcel en el Reino Unido, fue condenado en mayo del 2019 a un año y ocho meses de prisión (10 meses por asociación ilícita y otros tantos por estafa continuada con los apartamentos de propiedad compartida y paquete de vacaciones).
Otro implicado, Darren Morris, tuvo una condena de dos años y cuatro meses de cárcel (10 meses por asociación ilícita, 10 meses por estafa continuada y otros tantos por tenencia ilícita de armas, pues poseía una pistola de forma ilegal).
La condena más baja la recibió la acusada Jacoba Klazina Vissecher, con ocho meses de privación de libertad, que ya cumplió en prisión provisional, por lo que no volvió a entrar en la cárcel. Estaba al frente de una de las oficinas de la trama y solo ella recibió 44 denuncias de estafa. En un principio, la Fiscalía pedía para ella ocho años de prisión.
Otros tres condenados en mayo del 2019 fueron Keith Peter Davies, Neil Campbell Lockie y Dean Wells. A los tres les impulso la Audiencia Nacional y ahora el Supremo 20 meses de cárcel. Las víctimas deberán ser indemnizadas ahora con cantidades que oscilan desde los 1.000 hasta los 37.000 euros.
