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La juez del cayuco de El Hierro denuncia falta de colaboración policial y presiones

La magistrada, que se hizo cargo de la barcaza localizada en abril con 24 cadáveres y tres supervivientes, se queja de no haber recibido apoyo para identificar a los fallecidos

Entierro de los migrantes fallecidos en el cementerio de Canadelaria. Andrés Gutiérrez

La juez que se hizo cargo del cayuco localizado en abril al sur de El Hierro, con 24 cadáveres y solo tres supervivientes a bordo, se quejó ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la «falta de colaboración» de la Policía para identificar a los fallecidos y de las «presiones» del Instituto de Medicina Legal para enterrarlos.

El CGPJ concede su amparo a la juez de Instrucción número 2 de Arona (Tenerife), Sofía Elena Valdivia, frente a las «presiones» –la afectada las describe directamente como «hostigamiento»– que recibió del director del Instituto de Medicina Legal en su provincia, Jesús María Vega, para que autorizara cuanto antes el enterramiento de esas personas. El CGPJ dirige su resolución expresamente al jefe de los forenses en la provincia occidental de Canarias, ya que la solicitud de amparo de la juez se refería en concreto a su conducta.

Sin embargo, la magistrada también exponía sus protestas respecto a la respuesta que obtuvo de la Policía cuando intentó identificar a al menos uno de los fallecidos, porque había una familia que reclamaba desde el País Vasco que se hicieran pruebas de ADN a los 24 cadáveres, ya que tenía la sospecha de que un pariente suyo iba en ese cayuco.

La magistrada denuncia que derivó a esa familia a la Policía el 2 de mayo –cuatro días después de llegar los cadáveres al puerto de Los Cristianos, en Tenerife–, «con la intuición de que se realizarían las labores de identificación», pero solo cuatro días después se recibió un oficio policial en su Juzgado que decía que no se había localizado a ninguna posible familia de los fallecidos. «Carecía de veracidad», remarca la juez, que recuerda que ella misma envió a la Policía a la familia que llamaba desde el País Vasco. Y explica que, ante «la falta de colaboración policial», incluso a pesar de «haber reiterado» su petición de ayuda, decidió dirigirse directamente al juzgado de Azpeitia (Guipúzcoa) para que recibiera declaración a la persona que creía tener un pariente entre las víctimas del cayuco y le tomara una muestra de ADN.

El examen genético terminó con resultados no concluyentes, en un dictamen que le fue comunicado el 19 de mayo al Juzgado, que en ese momento autorizó el enterramiento de todos los cuerpos «sin más dilación», ante «la imposibilidad» de contar con familiares de primer grado de parentesco para hacer las comparaciones de ADN.

La juez denuncia que, hasta ese momento y frente a su decisión de esperar a contar con las pruebas pedidas por el posible familiar, el director del IML de Tenerife la presionó de forma constante con llamadas, correos y declaraciones en los medios de comunicación para que los 24 cuerpos que estaban en sus instalaciones fueran enterrados, dado el nivel de deterioro que ya presentaban.

La magistrada dice que sintió que el forense le «trasladaba» en sus declaraciones a los medios de comunicación de repercusión nacional «la responsabilidad de un posible problema de salud pública», así como también de la «falta de medios materiales en el IML de Tenerife», explica.

Valdivia sostiene que la presión de Jesús María Vega sobre ella fue tal, que hasta le generó «insomnio» y una situación de «inquietud» que le impedía «realizar con normalidad» su trabajo como magistrada en el Juzgado, cuando solo «velaba por la libertad religiosa» de una familia que quería enterrar de acuerdo a sus creencias a uno de los fallecidos.

En su respuesta, el director del IML negó haber presionado a la juez o haberla «responsabilizado de nada», sino que por el contrario se limitó a cumplir sus obligaciones como director, tras las quejas del personal del centro y de la Facultad de Medicina por el «estado de descomposición» que presentaban algunos cadáveres y por las «disfunciones» que percibía en lo que estaba ocurriendo. Su «única pretensión», añadió, fue «agilizar la inhumación» de los cuerpos, no inmiscuirse en la independencia de la magistrada.

Sin embargo, el CGPJ entiende que sí lo hizo y le insta a que se abstenga de repetir ese tipo de conductas en el futuro con respecto a la magistrada a la que se ha concedido el amparo.

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