Un arquitecto se ha sentado ante el juez por supuestamente cometer un delito de estafa a un empresario de la construcción de Telde. Según el Ministerio Fiscal, ambos «convinieron» celebrar la compra de unas acciones en la mercantil Mina 2018 Gestión de Propiedades S. L. por un importe de 6.500 euros de los cuales la víctima entregó 4.000. Por tanto el ministerio público ha solicitado una condena de un año y nueve meses de prisión.
Los hechos se remontan al mes de octubre de 2019 cuando Juan H. M. propuso al empresario, al que conocía desde hace más de 15 años, la entrada a un negocio a través de la venta de unas participaciones sociales por importe de 195.000 euros, según el escrito de la acusación particular. Para concretar la transacción, el empresario debía aportar 6.500 euros con la fecha límite del 30 de octubre de 2019. Por lo que, el acusado preparó un contrato de compraventa con fecha del 17 de octubre que no llegó a firmarse.
Sin embargo, el denunciante realizó una transferencia bancaria por 4.000 euros el 9 de octubre «como parte del precio convenido». De esta manera, según la tesis del fiscal, el arquitecto percibió el dinero «a sabiendas de que nunca cumpliría con lo contratado verbalmente» y obtuvo así un «enriquecimiento ilícito» al no regresar el importe pese a ser solicitado por el constructor. En el escrito de conclusiones de la acusación particular se refleja que Juan H. M. decía, supuestamente, ser propietario y depositario de 30 participaciones sociales de las mil que posee la mercantil Mina 201 Gestión de Propiedades, extremos que, presuntamente, no ha demostrado pese a ser solicitado por el afectado. Así, el empresario le comunicó al arquitecto que «no deseaba continuar con el negocio y le reclamó por tanto la devolución de los 4.000 euros». El acusado no se ha negado a entregar el dinero según reconoce la parte demandante, pero tampoco ha realizado la devolución del mismo.
El denunciante alega que le envió por correo electrónico al arquitecto un documento firmado por él donde se recogían las condiciones de la devolución. Aún así, la víctima no recibió de vuelta la documentación refrendada por el denunciado. El 12 de noviembre de 2019, Juan H. M. envió el resguardo de una transferencia bancaria a la víctima en el que se detallaba: «concepto por cancelación cv partic. sociales Mina» desde la cuenta bancaria de otra sociedad limitada donde aparece como beneficiario la empresa del afectado. Pese a esto y «hasta la fecha, no se ha recibido ningún importe» de lo reclamado por el constructor teldense.
En su declaración durante la instrucción del caso, Juan H. M. manifestó que no se había cumplido con el contrato porque el afectado quería cancelar todo. Asimismo, explicó ante el juez que no había entregado el dinero porque el empresario de la construcción no había firmado, según él, ni la compra ni la cancelación de la operación comercial. Al ser cuestionado respecto a que el denunciante le envió un escrito de rescisión y que él no lo quiso firmar, Juan H. M. respondió que sí. Al tiempo que justificó que el afectado no firmo el contrato de compraventa primero. Además, apostilló que le devolvería el dinero cuando la víctima firmase el contrato compraventa y la cancelación.
Juan H. M. por su parte, explicó a este periódico que desea que la justicia funcione y que denuncias hay muchísimas pero que cuando exista sentencia firme, se pronunciará, mientras tanto no se atreve a hablar de un caso del que no hay fallo judicial aún.
El Ministerio Fiscal le ha acusado así de un delito de estafa por el que solicitó un año y nueve meses de prisión. Mientras que la acusación particular ha requerido que se le condene a la pena de tres años de cárcel. Ambas acusaciones han interesado que se indemnice al afectado con la suma de 4.000 euros en concepto de responsabilidad civil. El juicio que fue celebrado el pasado martes quedó visto para sentencia.
Denuncia de su expareja
Juan H. M. tiene interpuesta una denuncia en el Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria por un delito de estafa a la que era su pareja. Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, el denunciante comenzó a convivir con la víctima en el 2014 tras conocerse en 2013. Este «le ofreció» llevar sus tramites administrativos por lo que accedía a su firma digital. Así, el acusado solicitó un préstamo por 50.000 euros haciéndole creer a su expareja que era para una inversión inmobiliaria. Sin embargo, el dinero fue transferido a una cuenta que abrió a nombre de la víctima sin su consentimiento, también solicitó préstamos en otros bancos por un monto de 14.848 euros. A su vez, consiguió que la madre de la afectada le diese 35.000 euros para ser guardados en una supuesta caja fuerte que tenía. Además, se quedó con las devoluciones de la declaración de la Renta de 2017 y 2018. La Fiscalía pide para él dos años y tres meses de cárcel.
