Prisión provisional y sin fianza para el detenido por el crimen en A Coruña

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer ha declarado prisión comunicada y sin fianza para el detenido por el crimen de Maritza, el pasado domingo en la Sagrada Familia. El hombre se acogió a su derecho a no declarar, según han explicado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Está investigado por un delito de asesinato y por quebrantamiento de condena. El mes pasado se dictó una sentencia contra él que le imponía una orden de alejamiento de su pareja por una agresión registrada en septiembre de 2024.

El autor confeso del crimen de la Sagrada Familia ha entrado pasadas las dos y cuarto de la tarde en la sede judicial de Tabacos, donde se encuentra el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. El hombre, procedente de los calabozos de los Nuevos Juzgados, en la calle Monforte, adonde había sido trasladado por la mañana, fue preguntado por las circunstancias en las que se produjo el apuñalamiento de su esposa, pero decidió no declarar.

El hombre, según explicó ayer la subdelegada del Gobierno, María Rivas, apuñaló a su mujer "decenas" de veces y, poco antes de las siete de la mañana, llamó a su expareja y madre de sus hijos para confesarle el crimen. Fue ella la que dio la voz de alarma al 112 y estos, a la Policía Nacional, cuyos agentes acudieron al domicilio, en el número 3 de la calle San Isidoro, de la Sagrada Familia. Allí, les esperó el hombre y los agentes procedieron a su detención y a la custodia del arma homicida, un cuchillo.

Víctima y detenido, ambos peruanos, aunque él con nacionalidad española, se habían casado el mes pasado y vivían juntos de alquiler en el primer piso de San Isidoro, 3. Ella, Maritza, tenía 49 años y deja cinco hijos, todos ellos residentes en Perú. Él tiene 61 años y dos hijos.

Maritza formaba parte del programa Viogén, ya que su pareja le había agredido en septiembre de 2024. Su entrada en el sistema fue de oficio, ya que ella no llegó a denunciar a su entonces novio, sino que fueron los profesionales que la atendieron los que actuaron para intentar protegerla. Tras la valoración de la situación, los agentes concluyeron que estaba en el nivel de riesgo más bajo, el "no apreciado" y mantuvieron contactos con ella y le ofrecieron información sobre los recursos que existían a su disposición. De esa agresión derivó un procedimiento judicial que acabó en una sentencia condenatoria y una orden de alejamiento del hombre hacia su pareja.