Denuncian ante la Fiscalía que la mina de Asturias sacaba carbón ilegalmente: un supuesto "fraude" para "encubrir la extracción"

La empresa Promining, vinculada al anterior dueño de la mina de Cerredo, Victorino Alonso, ha denunciado ante la Fiscalía que la empresa titular de la explotación en la que este lunes fallecieron cinco trabajadores tras una explosión estaba, presuntamente, extrayendo carbón de manera irregular. La denuncia, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, refiere además otro escrito que la misma empresa remitió el pasado 12 de marzo a la Dirección General de Minas del Principado y al Instituto de Transición Justa. En ese documento calificaba de "burdo engaño" la pretensión de extraer grafito de la explotación (para lo que el Principado de Asturias dio permiso), considerándolo un "fraude" para sacar carbón, de manera presuntamente ilegal y contraviniendo el cierre establecido por la Unión Europea.

El documento llegó al Principado 19 días antes de que se produjese el fatal accidente. Según aseguró ayer la consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, la denuncia se trasladó a la empresa que explota la mina de Cerredo, Blue Solving.

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En la denuncia ante el Principado y el Instituto de Transición Justa, Promining pedía la anulación de todas las autorizaciones. Y consideraba que las subvenciones otorgadas por el referido instituto estatal no hacían más que financiar instalaciones presuntamente destinadas a actividades extractivas de carbón.

"La falsedad de la supuesta investigación del grafito". La denuncia ante la Fiscalía destaca que la pretensión de explotar en la mina grafito y construir un lavadero para "minerales estratégicos" y una planta de briquetas (por lo que recibió 1,6 millones de euros de subvención) es poco creíble a su juicio. La fabricación de grafito puede obtenerse de "coque de petróleo, coque de brea, hulla o grafito de una determinada granulometría, materiales todos ellos que no existen en el yacimiento de Cerredo", afirma la empresa denunciante, vinculada a la que con anterioridad explotó la mina de Cerredo cuando era legal hacerlo. También señala que los posibles métodos para la obtención de grafito "ni están ni se les espera en la planta de tratamiento de Cerredo" y que el grafito "como mineral se presenta en distintas variedades, ninguna de las cuales está presente en el yacimiento".

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Denuncia de un supuesto fraude de ley para encubrir labores de explotación. La empresa minera denunciante señala que "lo que se está haciendo en Cerredo es lisa y llanamente una explotación de carbón, sobre macizos que quedaron sin explotar en la antigua mina", y que el destino del carbón es "el grano para calefacciones y el ‘menudo’, tras mezclarlo con otros carbones, para usos industriales". La denuncia remitida a Fiscalía insiste en que "no existen recursos" en la zona en la que supuestamente se buscaba grafito para dar con ese material: "El paquete de capas de carbón está completamente reconocido en toda su extensión y sus características físico-químicas se conocen desde hace muchos años", señala el escrito firmado por Miguel Faustino Martínez Miguélez en nombre de Promining.

Sospechas de que se extraía material en la zona del accidente. El Principado de Asturias ha asegurado que la empresa explotadora, Blue Solving, tenía un permiso de "achatarramiento" en el denominado "piso 3º del Mangueiro", distinto del lugar donde la firma tenía autorización administrativa para investigar grafito (piso 1º). Sin embargo, la denuncia ante Fiscalía sostiene que donde se produjo la explosión "al parecer se estaba llevando a cabo la explotación de la capa Z, en encerrado (sin el sistema de aireación secundaria obligado por la legislación minera) y por tanto sin circuito de ventilación".

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Mareos de trabajadores días antes del suceso. El denunciante también afirma que trabajadores de la mina de Cerredo habían sufrido "mareos en días previos" al accidente por presencia de gas. "No es de extrañar si, como parece, la explotación (situada a más de 1.000 metros de la calle) no tenía ventilación secundaria". La ventilación, según el mismo relato, se hacía mediante "una turbina de aire comprimido de diámetro 150 milímetros, pero que no tomaba aire del exterior, sino que tomaba aire viciado desde las galerías del interior". Se apunta además que los supervivientes de la tragedia "deberían poder confirmar estos extremos".

Supuestas irregularidades también en la mina de Tormaleo. El documento remitido a la Fiscalía se extiende también a la explotación a cielo abierto que el conglomerado de empresas vinculado a Blue Solving explota en Tormaleo. "Se supone que se explota una mina interior", afirma el texto. La autorización en ese yacimiento es, supuestamente, para explotar "una mina subterránea", pero se aporta una fotografía en la que se ve, al aire libre "con toda claridad una retro en primer término cargando carbón a un camión tipo lagarto y al fondo otra retro preparando otro tajo de carbón a cielo abierto".

acusaciones relacionadas con el accidente mortal de 2022. La denuncia ser refiere en otro apartado al accidente que se produjo en las instalaciones de la mina de Cerredo en 2022. Sostiene el representante de Promining que también al parecer se estaba extrayendo carbón "en el piso sexto" y "también en encerrado, partiendo de las antiguas galerías de Coto Minero Cantábrico, sobre la capa ‘Paquita’ y explotando los macizos que en su día se dejaron". Atribuye a testimonios de vecinos que "tras el accidente de 2022, la bocamina del piso 6º se hundió deliberadamente para no permitir acceder a las labores", pero apunta una vía para que los investigadores accedan a la zona si desean hacerlo.

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Referencias a la red de empresas y a una operación antidroga. Al igual que adelantó LA NUEVA ESPAÑA, la denuncia relata los vínculos familiares entre las empresas de Tormaleo y Cerredo y su relación con el empresario Jesús Manuel Rodríguez Morán, pendiente de juicio tras detectar la Guardia Civil 390 kilos de cocaína escondidos en un cargamento de carbón vegetal procedente de Paraguay que llegó a El Musel por barco y que fue posteriormente trasladado a una nave de Tremañes y, luego, a una marmolería de La Coruña.

Apuntes para un posible fraude contra Arcelor-Mittal. El documento también sugiere qué pruebas podría reclamar la Fiscalía para dilucidar si se está produciendo "un engaño o fraude contra ArelorMittal con la venta de carbón que supuestamente procedería de Tormaleo" pero que en realidad "podría proceder de importación", algo que "por normativa comunitaria" Arcelor-Mittal no podría admitir, ya que "solamente puede comprar minera a productores de carbón, nunca a intermediarios". Entre las referidas pruebas, el denunciante pide solicitar los registros de carbones recibidos por ArcelorMittal, las facturas de transportistas, las importaciones realizadas por la empresa Energycar (vinculada a la misma red de sociedades) y las adquisiciones a un importador cuyo nombre se menciona. "Cruzando todos estos datos, seguramente se podrán obtener conclusiones sobre todos los asuntos citados", concluye el texto.

Una batalla empresarial como trasfondo. La denuncia no esconde las diferencias entre la empresa denunciante y los propietarios de la mina de Cerredo. De hecho, Promining también denunció el intento de las empresas para las que trabajaban los mineros fallecidos de abrir con otra supuesta "investigación de grafito" una mina de Laciana (León). Esta solicitud de investigación fue formulada por Cristal Mining, otra sociedad de los mismos propietarios de Blue Solving. La Junta de Castilla y León tramitaba la autorización, pero Promning solicitó la anulación con argumentos similares a los señalados para las minas asturianas. El Gobierno de Castilla y León ya ha anunciado que paraliza la tramitación hasta hacer las comprobaciones pertinentes.

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Inexplicable permisividad de las autoridades. La denuncia se cierra señalando "la inexplicable, o quizás no tanto, permisividad de las autoridades competentes". Existen supuestamente "una mina a cielo abierto que se hace pasar por subterránea" y una mina "de la que salen camiones desde hace años". "Con todos los antecedentes que se han expuesto, no es entendible que nadie tomara cartas en el asunto", concluye el escrito registrado este mismo miércoles.

Indignación en IU por el incidente con la denuncia que el SAC envió a Minas

La indignación crece en Izquierda Unida (socio del Ejecutivo de Barbón) por el caso de la denuncia del 16 de octubre de 2023 formulada por un vecino de Degaña sobre la supuesta extracción ilegal de carbón en la mina de Cerredo, y que fue trasladado al día siguiente desde el Servicio de Atención Ciudada (SAC), mediante correo electrónico, a la cuenta mineria@asturias.org de la que es titular la dirección regional de Minas.

Belarmina Díaz aseguró ayer que el mail se encontraba en "una cuenta genérica apoderada" a la que se accedió ayer por primera vez; es decir 19 meses después de que se recibiese en el dominio de correo de Minas. Fuentes del Principado aseguraron que hubo un problema con la cuenta de correo cuando en junio de 2023 la administración cambió de programa gestor de correo. En mayo de 2023, la dirección de Minas facilitaba esa cuenta de correo como aquella a la que debían dirigirse los interesados en procesos de exposición pública. Fuentes de la administración aseguraron que en junio de 2023, al tiempo que se hizo el cambio de programas, los servicios de Estrategia Digital facilitaron a todos los usuarios instrucciones para garantizar que las cuentas de correo siguiesen accesibles.

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El enfado en IU, señalaron fuentes de la formación está en las "declaraciones unilaterales y parciales" de la consejera, que "no deberían arrojar duda alguna de que el SAC cumplió diligentemente su cometido". El SAC depende de la consejería de Ordenación del Territorio, en manos de Izquierda Unida.

Riesgo de devolución de ayudas europeas al cierre

La denuncia registrada ante la Dirección General de Minas el pasado 12 de marzo ya advertía de que la extracción de carbón en la mina de Cerredo conllevaría la devolución de las ayudas europeas recibidas para el "cierre irrevocable" de la explotación. En ese documento se insistía en que la supuesta "investigación" de grafito en la explotación es "un burdo engaño tendente a justificar la reapertura de la mina". Además, en la denuncia se señala que la imposibilidad técnica de extracción de grafito "se puede comprobar analizando los datos de calidades obtenidos en la inspección que en 2008 realizó el Instituto para la Reestructuración de la Minería, por una consultora externa y que obran en poder del Instituto de Transición Justa".

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Instalaciones exteriores en uso y no desmanteladas

Otra prueba del supuesto incumplimiento del compromiso de cierre está, según la denuncia presentada al Principado 19 días antes del grave accidente en que murieron cinco mineros, está en que "se siguen utilizando las instalaciones de exterior de la antigua mina". La empresa vinculada a Victorino Alonso aporta imágenes de Google Maps en las que "se aprecian instalaciones y plazas" que formaban parte del plan de cierre de Coto Minero Cantábrico, la anterior explotadora y que ejecutó el plan de cierre por decisión de la UE.

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