Investigación

Ocho detenidos por una trama que se apropió de las herencias de 22 ancianos muertos en Alicante

La red aumentó su actividad con el covid y estaba dirigida por dos hermanos. Entre los arrestados hay trabajadores de un tanatorio y de un geriátrico de la Marina Alta

Detenidos por apropiarse de inmuebles, joyas, dinero y otros bienes pertenecientes a ancianos muertos en Alicante.

GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil ha detenido a ocho personas e investigado a otras tres en las provincias de Alicante, Valencia y Bizkaia al desmantelar una organización que se apropió de las herencias de 22 ancianos fallecidos en municipios de la Marina Alta. Al frente de la trama figuraban dos hermanos de Bizkaia, una mujer de 63 años y licenciada en Derecho, y un hombre de 54 años que es mediador de seguros. Entre los implicados también figuran dos trabajadores de un tanatorio de la Marina Alta, un empleado de un geriátrico y un extrabajador de un ayuntamiento de la misma comarca.

La gran mayoría de las víctimas son ciudadanos extranjeros que fallecían en la provincia de Alicante y no tenían herederos, lo que facilitaba el fraude. La pandemia del covid permitió a la organización aumentar sensiblemente su actividad ilícita dado el incremento de fallecidos. La Guardia Civil ha podido acreditar que esta trama se apropió de una veintena de inmuebles valorados en más de tres millones de euros, así como de joyas, dinero en efectivo que tenían en cuentas bancarias y otros bienes de los fallecidos.

La bautizada como operación "Mano negra” ha sido presentada este lunes pero las detenciones se llevaron a cabo el pasado octubre en Dénia, l'Alfàs del Pi, Ondara, Calp, Oliva y Sopelana, en Bizkaia. Los implicados han sido acusados, según su grado de participación de delitos de de organización criminal, robo, estafa, falsedad documental, apropiación indebida, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y tenencia ilícita de armas en las provincias de Alicante, Valencia y Bizkaia. El juzgado de Instrucción número 2 de Dénia decretó prisión para la abogada no ejerciente que está considerada la líder de la banda y medidas cautelares para el resto.

Los 22 fallecidos cuyas herencias pasaron a manos de la trama son dos de nacionalidad española, cinco de Francia, uno de Bélgica, cuatro de Suiza, uno de Gran Bretaña, ocho de Alemania y uno de Finlandia. La operación sigue abierta y la Guardia Civil no descarta que haya más víctimas.

La investigación se puso en marcha en mayo de 2021 después de tener conocimiento de que alguien había quitado los precintos judiciales de una vivienda de Benissa cuyo propietario había fallecido. Además de quitar el precinto sustrajeron una motocicleta Harley Davidson y diversos objetos. Pero no solo eso, sino que llevaron a cabo reformas en la casa para alquilarla.

Joyas robadas a los muertos

Las pesquisas de esta primera fase condujeron a la Guardia Civil hasta dos trabajadores de un tanatorio de la comarca de la Marina Alta. Según los investigadores, estos empleados robaban las joyas a los difuntos no reclamados por los familiares y pasaban información a otros integrantes del grupo para desvalijar las viviendas de los difuntos y obtener sus claves bancarias.

Una vez se aseguraba de que que ningún familiar reclamaba el cuerpo del fallecido, los dos hermanos considerados líderes de la organización comenzaban a actuar.

La mujer era gerente de 12 empresas, entre ellas dos inmobiliarias de Dénia y Euskadi cuatro gestorías de Bilbao y Cantabria, mientras que su hermano era propietario de una correduría de seguros. Las inmobiliarias eran utilizadas para alquilar y vender las propiedades de los fallecidos, mientras que en las gestorías elaboraban falsos contratos mercantiles para convertir a los difuntos en avalistas de sus empresas. Así lograban que los fallecidos tuvieran una responsabilidad patrimonial y se apropiaban de sus bienes de una forma muy económica.

Por otro lado, los hermanos eludían del pago de impuestos a través de una empresa de construcción y reformas, una oficina de trámites de seguros, un taller mecánico en Bilbao, dos hoteles en las provincias de Murcia y Valencia, un restaurante en Dénia y dos sociedades offshore en Irlanda y Malta. Asimismo, se hicieron con el control de una asociación cultural en Bilbao para simular donaciones e impagos en vida de los fallecidos.

La organización también contaba con la colaboración destacada de un antiguo trabajador de un ayuntamiento de la Marina Alta. Gracias a sus conocimientos asesoraba y realizaba modificaciones catastrales para inscribir de forma irregular las fincas en el Registro de la Propiedad.

Entre los detenidos también figura trabajador de un geriátrico de la Marina Alta, el cual obtuvo la documentación y claves bancarias de sus víctimas y llegó a transferir a las cuentas del grupo más de 112.000 euros de dos residentes nonagenarias de nacionalidades alemana y suiza.

La actividad del grupo criminal se incrementó debido al aumento del número de ancianos fallecidos por el covid, a las dificultades de las familias para hacerse cargo de sus cuerpos y a la falta de herederos conocidos en otros casos.

Procedimiento de usucapión

Otro método puesto en marcha por la trama era el procedimiento de usucapión para adquirir algunas propiedades con su uso prolongado en el plazo legalmente estipulado. Para ello, realizaban el pago de impuestos y suministros básicos y, para compensar estas pérdidas, las arrendaban como alquileres vacacionales.

La organización se apropió de 20 inmuebles valorados en más de tres millones, cuatro de ellos situados en París, y la Guardia Civil decidió pasar a la fase de explotación de la operación en octubre del pasado cuando año, cuando detectó que la cabecilla planeaba irse al extranjero. Por ello, detuvieron a esta mujer y a otros siete hombres, además de investigar a tres personas más.

En los registros intervinieron cinco armas de fuego, cerca de cien piezas de joyería, 11.000 euros en efectivo, diversos dispositivos informáticos y de telefonía móvil, ocho vehículos a motor, una billetera fría de criptomonedas, 20 inmuebles y se bloquearon 71 cuentas bancarias que están siendo analizadas.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Calp y el Equipo de Delincuencia Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante. Asimismo se ha contado con la colaboración de las unidades de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Calp y de la Comandancia de Valencia, así como de personal de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de las Comandancias de Alicante y Bizkaia.