El procedimiento judicial por la desaparición y muerte de Déborah Fernández-Cervera está pendiente de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Hace ya casi dos meses los magistrados de la Sección Segunda deliberaron sobre una cuestión que es clave en este proceso, la de si, como pide la familia, procede abrir el procedimiento de Tribunal de Jurado contra el único investigado, el exnovio de la víctima. A la espera de conocerse esta decisión, el caso sigue enrocado en otra cuestión que si bien juega un papel secundario, no es sin embargo menor: la del disco duro del ordenador de la joven. Transcurridos ya dos años desde el intento fallido de analizar este dispositivo en la sede del juzgado de Tui que lleva la causa, esta cuestión aún no ha sido resuelta. Durante este período se han emitido dos periciales informáticas con conclusiones dispares –la de la acusación particular que representa a la familia de Déborah y la de la defensa que lleva al exnovio– y ahora aún se está a la espera del “contrainforme” encargado por la jueza a la Guardia Civil, cuerpo policial que ya intentó analizar el aparato sin éxito en 2021 y al que también se han remitido las dos periciales de parte.
El informe encargado por los abogados de la familia de Déborah fue realizado por Lazarus Technology, un laboratorio madrileño especializado en informática forense que ha participado en otros mediáticos casos como los de Diana Quer o Marta del Castillo. Lo que concluyeron estos expertos, en un informe que ratificaron en mayo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tui, es que el disco duro había sido manipulado de forma intencionada y que dicha alteración y borrado de datos se produjo después de que el mismo fuese entregado en 2006 –cuatro años después de la muerte de Déborah– a la Policía Nacional. Ya no quedaba rastro de las conversaciones de Messenger que la joven había mantenido con su entorno y las fechas de numerosos archivos estaban cambiadas. Nada se podía sacar de provecho en el ordenador para intentar despejar los interrogantes en torno lo que le ocurrió a la joven el 30 de abril de 2002, cuando desapareció en Vigo. Su cadáver aparecería diez días después en la localidad de O Rosal.
La pericial de la defensa
A esa pericial siguió otra cuyos resultados se acaban de conocer. Es el informe aportado por el letrado defensor del exnovio de Déborah, que ha sido realizado por otra empresa de Madrid, Aldama Informática Legal, y cuyo autor confirmó en una comparecencia judicial celebrada recientemente, el 19 de octubre. Dicho análisis niega la manipulación que apunta Lazarus, descartando cualquier alteración o borrado de archivos que se haya realizado de forma deliberada, ni antes ni después de su entrega a la Policía Nacional. Al contrario, atribuye las alteraciones existentes a las reinstalaciones ordinarias del sistema, a las restauraciones que se producen o a troyanos que existían desde hacía tiempo en el equipo y que tienen capacidad para alterar datos. El perito apuntó también a sistematismos del equipo informático y a otras circunstancias que pudieron influir como un programa que había instalado perteneciente a una cámara de fotos digital, pero todo en el marco de un uso normal y ordinario del dispositivo.
Tras conocer el contenido de dicho estudio, los letrados de la acusación particular solicitaron un “contrainforme” de dicho peritaje con el fin de rebatirlo. Por su parte, la magistrada ordenó remitir este informe de la defensa a la Guardia Civil –concretamente al Departamento de Ingeniería del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil de Madrid–, al que ya el pasado junio, además de encargarle su propia pericial, envió también la realizada por Lazarus Technology.
A la espera de que este cuerpo policial emita su dictamen, la familia de Déborah, que ha solicitado sin éxito la apertura de una pieza separada centrada en el disco duro, ya ha mostrado en varias ocasiones su indignación por el hecho de que la jueza haya acudido de nuevo a la Guardia Civil, cuando ya en su día no lograron extraer información del dispositivo. Al episodio del disco duro se unió este mismo septiembre el del teléfono móvil supuestamente perteneciente a la víctima y que fue hallado 20 años después, en un legajo extraviado, durante unas obras en dependencias policiales de Madrid.
Y mientras la cuestión del disco duro o del teléfono tienen su propio protagonismo en esta causa, sin duda será clave lo que determine la Audiencia de Pontevedra sobre la procedencia o no de abrir Tribunal de Jurado en el caso. La jueza rechazó esta petición, motivo por el que la familia de Déborah recurrió en apelación. El órgano provincial ya autorizó diligencias que habían sido denegadas por la instructora, la más importante sin duda la de ordenar la citación como investigado del exnovio de la víctima.
