Los recursos contra la sentencia por el asesinato de Javier Ardines ya han sido presentados ante el Tribunal Supremo. Este martes finalizaba el plazo para remitir los escritos. En los recursos, las defensas de los cuatro condenados aducen que el proceso y la deliberación del jurado se vieron viciadas por las declaraciones de Jesús Muguruza y Djillali Benatia, el intermediario y uno de los sicarios argelinos, autor material del crimen cometido el 16 de agosto de 2018.
El instigador del crimen, Pedro Luis Nieva, defendido por Javier Beramendi, y los dos sicarios, Djillali Benatia y Maamar Kelii, asistidos por Adrián Fernández y Fernando Barutell, fueron condenados el pasado diciembre por la sección segunda de la Audiencia Provincial a 22 años de prisión, en concordancia con el veredicto de culpabilidad inánime que dictó el jurado. El intermediario Jesús Muguruza –defendido por Luis Mendiguren–, recibió una condena de 20 años, según la sentencia dictada por el magistrado Francisco Javier Iriarte. Tanto la fiscal Belén Rico como la acusación particular, ejercida por la familia, bajo la dirección letrada de Antonio Pineda, solicitaban 25 años de cárcel. La sección civil penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) confirmó la sentencia dictada por la Audiencia, en un fallo del que fue ponente el magistrado Ignacio Vidau.
En sus recursos, las defensas vuelven a plantear argumentos ya rechazados en su día tanto por la Audiencia como el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). El abogado de Nieva niega que haya quedado probado que el encargo que hizo a los sicarios fuese el de matar al concejal que mantenía una relación con su mujer. También plantea que las escuchas realizadas al presunto instigador del crimen no estaban justificadas y que no se siguieron otras líneas de investigación, como el hecho de que se hallasen huellas de una amante de Ardines en las vallas utilizadas en la emboscada que acabó con su vida. También plantea una conexión de antijuridicidad entre la declaración inicial de Jesús Muguruza ante la Guardia Civil, que fue anulada por haberse vulnerado los derechos fundamentales del interrogado, y la investigación del resto de los acusados, una cuestión que ya zanjó dos veces el TSJA, indicando que los agentes podrían haber llegado de todos modos a los implicados.
La defensa de Benatia –que ahora corre a cargo de un abogado de Madrid– vuelve a insistir en la ilegalidad de la incomunicación del argelino dictada por la jueza de Llanes, y en el hecho de que fue forzado a autoincriminarse, algo que niegan taxativamente tanto los agentes de la Policía Judicial como los diferentes fallos sobre este caso. Fernando Barutell plantea ante el Supremo que, entre los documentos que se facilitaron al jurado para tomar su decisión, se encontraba la declaración anulada de Jesús Muguruza, una irregularidad que el TSJA despejó indicando que los propios abogados de la defensa podrían haber pedido que se suprimiese ese expediente.
