Paloma Botín-Sanz de Sautuola, una de las hijas del banquero fallecido Emilio Botín, y su esposo, el empresario Ricardo Gómez Acebo, han pasado de investigados a posibles estafados por la compra a unos anticuarios traficantes de arte de una escultura de una leona íbera del siglo VI antes de Cristo que procedía del expolio de un yacimiento arqueológico.

El matrimonio fue inicialmente imputado por el juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona, a raíz de una investigación por tráfico de arte centrada en dos conocidos anticuarios de la capital catalana que fueron detenidos en marzo de 2018, en el marco de una operación contra el comercio de obras expoliadas por el Dáesh en Libia.

La operación e inició en 2017, cuando la Brigada de Patrimonio Histórico recibió varios avisos sobre el presunto expolio de piezas íberas en Andalucía. Un juzgado de Linares se hizo cargo, en un principio, de las pesquisas, pero estas no acabaron de concretarse. No obstante, el verdadero pistoletazo de salida lo dio un anónimo que llegó a una comisaría y que denunciaba la desaparición de tres esculturas íberas del siglo VI antes de Cristo, una leona, un toro y una cabeza de toro, valoradas en 1,5 millones de euros. Las piezas procedían posiblemente de un yacimiento arqueológico situado entre las provincias de Jaén y Córdona. En el papel se plasmaban fotos de las tres piezas. A partir de ahí, se empezó a tirar del hilo hasta llegar a anticuarios catalanes. Las principales pistas (escuchas telefónicas) nacieron de una operación que se estaba desarrollando por la financiación del Estado Islámico. Al final, el caso viajó hasta Barcelona, donde residen los anticuarios presuntamente implicados en la trama.

En diciembre del 2018, la jueza ordenó las entradas y registros. En Madrid, acudieron a la vivienda de Paloma Botín en busca de la leona, que no estaba allí, pero sí en otro lugar donde había sido trasladada a la espera de terminar unas reformas en la casa. En esa operación, la policía detuvo a los cinco presuntos implicados en la trama.

Documentos exculpatorios

Sin embargo, Botín y su esposo han aportado al proceso judicial documentos para que la Fiscalía de Barcelona haya concluido que compraron la escultura de "buena fe", por lo que no se opuso a la petición de la defensa para que se les archivara la investigación. La juez ha exculpado a la pareja y les ha permitido personarse en la causa como perjudicados, ante los indicios de que pudieron ser víctimas de una venta fraudulenta.

La operación de compra de la escultura de la leona se abonó con un cheque bancario conformado ante notario, en el que se incluyó una factura de 1974 por la que el anticuario pretendía acreditar la procedencia lícita de la pieza. Este documento data de 11 años antes de que se aprobara la ley de patrimonio histórico español (1985) que prohíbe vender los objetos artísticos o arqueológicos considerados de dominio público, con lo que sí podría ser lícita su comercialización.

La investigación se centra ahora en determinar si ese documento es auténtico y cuál es la fecha y lugar de procedencia de las esculturas, así como en el análisis de un informe que los anticuarios presentaron a la pareja y que demostraba que las piezas habían sido objeto de unos trabajos de restauración a mediados del siglo pasado.

Uno de los indicios que cuestionan que la leona y los toros íberos fueran hallados antes de que se aprobara ley en 1985 es que en las imágenes intervenidas en los móviles de los anticuarios imputados las esculturas aparecían cubiertas de tierra y polvo, lo que apunta que habrían sido halladas recientemente y fotografiadas antes del proceso de restauración. La causa judicial sigue abierta contra los anticuarios por un delito de blanqueo de capitales.