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Tribunales

Detienen a una funcionaria de Santa Pola por 19 delitos de cohecho

Dos empresarios también han sido investigados como presuntos responsables de numerosos ingresos realizados en la cuenta privada de la trabajadora a cambio de obtener la contratación de sus empresas en los eventos organizados por el Ayuntamiento

Fachada del Ayuntamiento de Santa Pola, en imagen de archivo. / ANTONIO AMOROS.

La Guardia Civil detiene a una funcionaria del Ayuntamiento de Santa Pola por 19 delitos de cohecho que habría cometido en la última década. Los investigadores han constatado que llegó a apropiarse de forma indebida de unos 40.000 euros y tras los hechos, la presunta autora, de 52 años y nacionalidad española, ha sido retirada del puesto que ocupaba desde hace veinte años.

Dos empresarios han sido investigados como presuntos responsables, por numerosos ingresos realizados en la cuenta privada de la funcionaria, a cambio de obtener la contratación de sus empresas en los eventos organizados por el Ayuntamiento. Se les ha tomado declaración a los responsables de las mercantiles que fueron contratadas por el Ayuntamiento durante el tiempo que ésta ejerció sus funciones, resultando investigados como presuntos autores los directivos de dos de ellas.  

Agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Santa Pola iniciaron las averiguaciones tras tener conocimiento de que, a finales del año 2020, una funcionaria que trabajaba en una de las concejalías, podría haberse apropiado de forma indebida, y aprovechándose de su cargo, de parte de una subvención concedida a una asociación local. El propio Ayuntamiento, que era el que abonaba la subvención, promovió el inicio de las investigaciones, tras recibir una queja de una empresa y un particular sobre la subvención

Tal y como indican desde la Guardia Civil, una de las funciones de la presunta autora era la de informar las solicitudes de autorización presentadas ante el Ayuntamiento, por parte de empresarios, para realizar determinado tipo de actividades en la localidad. Así que, tal y como corroboraron los investigadores, ésta les pedía, a los empresarios interesados en obtener estas autorizaciones, dinero a cambio de informar positivamente sus solicitudes. Las cantidades reclamadas oscilaban entre 500 y 2.500 euros, en función del beneficio que iba a obtener la empresa solicitante con la actividad realizada, en caso de obtener la pertinente autorización. 

Por otro lado, falseando documentación, contratos o incluso, si era necesario, la firma de los beneficiarios, en ocasiones la presunta autora se quedaba con parte, o con todo el dinero de algunas de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento a distintas asociaciones. 

El Área de investigación de la Guardia Civil de Santa Pola ha podido constatar que podría haber estado cometiendo estos hechos al menos durante los últimos diez años, sin haber sido hasta ahora descubierta.

Delitos

A la presunta autora se le imputan diecinueve delitos de cohecho pasivo, donde se podría haber apropiado aproximadamente de 40.000 euros. Se le imputan, además, dos delitos de falsificación de documentos, un delito de apropiación indebida de cantidades económicas y un delito de usurpación. En el momento de su detención, los agentes supieron que estaba reclamada por un juzgado de Murcia, por un delito de estafa cometido contra un prestamista de la Región.

En el marco de esta operación, la Guardia Civil de Santa Pola ha investigado a otras dos personas, dos hombres, ambos de 58 años, de nacionalidad española, directivos de dos empresas, una con sede en Cox (Alicante) y otra en Molina de Segura (Región de Murcia), a los que se les imputan los delitos de cohecho activo, al haber entregado retribuciones a esta funcionaria pública, para que, en aprovechamiento de su cargo y del ejercicio de sus funciones, aprobara o agilizara la contratación de sus empresas en eventos organizados por el Ayuntamiento.

Las diligencias han sido puestas ante el Juzgado de Instrucción de Elche. Los presuntos autores se encuentran en libertad con cargos. La funcionaria, que trabajaba en el Ayuntamiento desde hace dos décadas, y que se encontraba en situación de baja médica desde hacía unos meses, ya ha sido retirada de sus funciones. 

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