Uno de los detenidos por la paliza mortal a Samuel Luiz se refirió a la víctima como “maricón”, en la reunión que mantuvieron algunos de los agresores una hora y media después de que se produjesen los hechos. El comisario jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, Pedro Ramón Agudo, aseguró ayer a Faro de Vigo que los investigadores tienen “acreditada” esa reunión –gracias a los participantes– y también su contenido, aportado por los testigos que, al ver que se había formado tumulto en un parque público de la ciudad –alejado de la avenida de Buenos Aires, en el que se produjo la agresión mortal–, se acercaron a escuchar lo que decían estos jóvenes.

Uno de ellos hace una alusión a Samuel diciendo que era un maricón, creo recordar que dijo un maricón de mierda”, relató Agudo, sobre el contenido del sumario del caso que, desde el lunes, no es secreto.

Ha pasado un mes desde la paliza mortal a Samuel Luiz y la Policía Nacional sigue investigando quiénes participaron en la agresión y cuál fue su implicación en los hechos y no descarta nuevas detenciones. Por ahora, la investigación señala a seis personas, tres varones adultos, una joven, también mayor de edad y dos menores. A todos ellos se les investiga no solo por la paliza mortal a Samuel –que podría ser calificada en sede judicial como homicidio o asesinato–, sino también por un delito contra la integridad física en grado de tentativa porque está acreditado que pegaron en repetidas ocasiones a Ibrahima, el hombre senegalés que intentó proteger a Samuel hasta el último momento, interponiendo su cuerpo entre el de la víctima y sus agresores. A pesar del relato inicial de las testigos, en el sumario se refleja que le ayudó a cruzar la calle tras los primeros golpes para ponerlo a salvo y se mantuvo con él hasta que terminó la agresión.

Los tres varones están en prisión provisional –comunicada y sin fianza– desde el 9 de julio, cuando pasaron por primera vez a disposición judicial. Los dos menores –uno de ellos con antecedentes– ingresaron en un centro también el 9 de julio, tan solo unas horas después de haber sido detenidos y tras pasar a disposición de la Fiscalía de Menores. La joven, que es pareja de uno de los detenidos mayores de edad, fue puesta en libertad, aunque con la obligación de comparecer en el Juzgado. Los investigadores consideran que ella no pegó a Samuel, aunque sí que la consideran “encubridora”. Al cuarto detenido, varón y mayor de edad, la Policía le imputa también apropiación indebida, al haberse llevado, supuestamente, el móvil de la víctima.

Agudo explicó que el teléfono se cayó en la pelea y que el cuarto detenido lo cogió del suelo, aunque sin saber de quién era. Agudo admitió que el dispositivo es ya irrecuperable, ya que el joven, al saber que el móvil que tenía era de la víctima, se deshizo de él tirándolo a un contenedor dos días después de la agresión, sabiendo ya que podía ser una prueba y no lo contó hasta días después. “Según las testificales, sabemos que antes [de tirarlo] se lo intentó vender a uno del grupo”, añadió ayer Agudo.

Sobre las pruebas que realizaron los agentes para dar con los sospechosos, Agudo relató que tuvieron mucha importancia la cámara de seguridad del pub El Andén, ya que les permitió identificar a los agresores –tanto a mayores como menores–, pero también las testificales, que son ya más de 42, y los análisis de ADN. Otra de las acciones que realizaron los agentes fue el registro de la vivienda del menor con antecedentes y, en él, se incautaron “de un objeto metálico que encaja con una posible herida a Samuel”. “Puede ser compatible, pero hay que demostrarlo con el ADN. Una de las testificales manifiesta que el menor maneja habitualmente un kubotan [un elemento de defensa personal], pero nosotros no lo encontramos. Nos consta que lesiona a Samuel por la espalda en la cabeza”, comentó Agudo.

Los resultados de ADN de este objeto y del pantalón de Samuel, en el que aparecen “cuatro perfiles distintos que no coinciden con los otros dos” ya identificados, que son los que pertenecen al primer detenido –el chico que iba con su novia e increpa a Samuel por la videollamada– y a su amigo –el que sale del pub El Andén con una botella entre la ropa, y que tira, con la maniobra del mataleón a la víctima al suelo por primera vez– podrán tardar todavía “quince días más”, por lo que Agudo prevé que “a primeros de septiembre” puedan tener ya la información que necesitan.

En el sumario, aparecen al menos otros dos jóvenes identificados por testigos, que no han sido detenidos, porque, según aclaró Agudo, “no se ha acreditado su participación” en la agresión mortal.

Otra de las claves del futuro de la investigación está en el volcado de los teléfonos móviles de los procesados, ya que, si bien cuando entregaron a los agentes sus dispositivos habían borrado conversaciones de sus redes sociales –incluida la mensajería móvil–, ahora están intentando recuperar la información eliminada. “Tenemos móviles con más de 3.000 fotos, algunos, incluso con más”, declaró ayer Agudo, que aseguró que analizarán todo el contenido de los archivos.

“Sabemos que víctima y agresores no se conocían, pero imagina que sale un audio relacionado con un indicador de odio con un tema LGBTI, evidentemente, la tesis de la investigación se vería ampliada”, relató Agudo, que defiende que, aunque la Policía Nacional no puede calificar los hechos, sí que puede “tener indicadores” que ayuden a inclinar la balanza hacia el asesinato o el homicidio.

“La violencia, la criminalidad del suceso... Hemos acreditado un abuso de superioridad, una violencia absoluta, extrema. El propio Samuel se tapa la cara, huye, intenta escapar de los agresores. Todo esto podría encajar en formas alevosas”, destacó Agudo. Para el comisario, si los menores fueran adultos “estarían en prisión”. “Tuvieron exactamente las mismas conductas que los mayores, quizá no tan violentas como las de los detenidos uno y dos, pero concretamente, el menor al que le hicimos el registro le da un golpe a Samuel por la espalda muy fuerte en el cráneo, por lo que la agresividad es extrema”, definió.

Sobre los análisis de ADN entregados a la jueza, que señalan directamente a los dos primeros detenidos, Agudo especificó que uno contiene “células epiteliales de la cara de Samuel que incriminan al detenido número uno por los puñetazos que le pega en la cara”, y el segundo es de la botella sustraída de El Andén, y que aparece rota al lado del fallecido. “Entendemos que se produce la agresión con esta botella porque así lo manifiestan las testificales y podemos, con esa huella de ADN, incriminar al detenido número dos sobre su estancia y su participación allí”, relató Agudo.

La jueza cita a las partes para definir las imputaciones

La titular del Juzgado número 8 de A Coruña, instructora del crimen de Samuel, ha citado a las partes implicadas en el caso para decidir si procede que la instrucción vaya por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Según el artículo 25 de esta ley, los acusados han de ser citados en el plazo de cinco días para que se formule la acusación contra ellos; los imputados han de acudir con sus letrados y también se cita a la Fiscalía y a las partes personadas. En esta comparecencia, las partes podrán solicitar las diligencias de investigación que estimen oportunas y pueden solicitar también que se archiven las causas contra sus defendidos. Es un procedimiento en el que, si bien los acusados tienen que estar presentes, no se les toma declaración. Los seis detenidos están investigados por un delito de homicidio o de asesinato y uno de ellos también por apropiación indebida. En el caso están personados, además de los seis detenidos, los padres de la víctima, como acusación particular, Ibrahima, por los daños sufridos, al intentar defender a Samuel de sus agresores, y una asociación como acusación popular, que solicita que el caso sea tratado como delito de odio, toda vez que los testigos aseguran que los asaltantes profirieron insultos como “maricón de mierda” al fallecido mientras le pegaban.

La defensa del cuarto detenido pide su liberación

El abogado del cuarto detenido y también de uno de los menores, José Ramón Sierra, presentó ayer un escrito ante la Audiencia Provincial para solicitar la puesta en libertad de este joven mayor de edad, al entender que no queda acreditado en el sumario que él hubiese pegado a Samuel. Se le imputa además un delito de apropiación indebida, al haberse llevado, supuestamente, el móvil de la víctima. La jueza de Instrucción número 1, que fue la que tomó declaración a los mayores de edad en sus funciones de guardia el 9 de julio, lo envió a prisión al entender que existía riesgo de fuga y también de destrucción de pruebas. Esta decisión fue revisada por la instructora del caso, quien ratificó las medidas adoptadas. Sierra sostiene que “no se puede afirmar” que su defendido “hubiese golpeado a nadie”. “Dicen que se le mete preso porque ocultó lo del móvil y por el resultado de la autopsia”, aclaró el letrado.