La Policía ha detenido a diez personas y ha presentado cargos contra otras cuatro como resultado de una operación realizada en la provincia de Las Palmas que ha permitido aflorar un fraude a la Seguridad Social de más de tres millones de euros, según informa el cuerpo.

Las investigaciones comenzaron a principios de año, después de que la Tesorería General de la Seguridad Social comunicara a la Policía una serie de irregularidades detectadas en varias empresas ubicadas en la provincia oriental de Canarias.

Los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en su negocio, en detrimento de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, se comprobó que, en todos los casos, se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Seguridad Social, creando una sucesión empresarial que ocultaba los beneficios y bienes de las sociedades investigadas, dice la Policía

Los agentes han podido determinar la participación de 14 personas en hechos delictivos, que son fundamentalmente los administradores de hecho de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas, así como familiares de los primeros.

Una de las empresas investigadas era una cooperativa dedicada a espectáculos musicales, que infringía los principios generales de este tipo de sociedades al no tener cooperativistas y dar de alta a trabajadores en el Régimen General.

Solo facturaba actuaciones musicales de grupos externos a la cooperativa y cobraba un importe superior a 60 euros mensuales a cada músico por este servicio.

Cuando la sociedad se vio comprometida por la deuda contraída con la Seguridad Social, traspasó tanto la actividad como los trabajadores a una empresa unipersonal a fin de dificultar los distintos embargos, distrayendo sus bienes y ocultando su situación real, asegura la Policía.

Otras cuatro investigaciones están relacionadas con empresas dedicadas al sector de la construcción, reformas y transporte de materiales, que aglutinaron una deuda superior a 1,5 millones de euros, valiéndose de sociedades y personas físicas interpuestas, a fin de engañar a la Seguridad Social y evitar las acciones tendentes al cobro de la deuda iniciada por ésta.

Entre ellas se ha encontrado a un constructor, reincidente en esta tipología delictiva, y a otro empresario que se valía de la constitución de sociedades sin actividad, ni trabajadores.

Otra de las investigaciones descubrió la operativa utilizada por un empresario británico, quien desviaba los beneficios obtenidos por las sociedades en España a cuentas ubicadas tanto en el Reino Unido como en países que operan una fiscalidad menos restrictiva.

Y, en una empresa dedicada al sector de la restauración en La Palma, se detectó que su responsable apostaba los salarios de los empleados en distintos juegos de azar, lo que repercutía a los trabajadores al deberles varias mensualidades.

Uno de los trabajadores manifestó que, en alguna ocasión, recibió su sueldo en boletos de juegos premiados y en las ganancias obtenidas por el administrador en las máquinas tragaperras.