Incorrecciones en el procedimiento de obtención de pruebas contra un monitor de un colegio de Tenerife, juzgado por abusos sexuales y para quien pedían más de 40 años de cárcel, han posibilitado que lograra un acuerdo de conformidad por el que le condenarán a 10 años y 6 meses de prisión en la Audiencia de Las Palmas este miércoles.

Al inicio de una vista oral que culminaba años de instrucción de un proceso sobre hechos ocurridos entre 2015 y 2017, la defensa de Héctor Alejandro R.B. ha pedido la nulidad de pruebas recabadas al analizar el ordenador del enjuiciado aduciendo que se consiguieron "sin las debidas garantías" y "vulnerando derechos fundamentales" del enjuiciado, lo que ha llevado a la Fiscalía a proponer un trato.

Merced a ello ha conseguido rebajar en más de una cuarta parte el tiempo de condena a que se exponía su defendido, que, según ha explicado su propio letrado, ha preferido no arriesgarse a una pena mayor sometiéndose finalmente a un juicio que, a su vez, también ha optado por evitar el fiscal ante la amenaza de que sus cargos contra el acusado quedaran desacreditados si se anulaban las referidas pruebas.

Algo que era probable, ya que cuando se investigó el contenido del ordenador del procesado por parte de agentes policiales para contar con evidencias de sus delitos se hizo sin que pudieran asistir varias de las partes implicadas en la instrucción, entre ellas el acusado mismo, que no tuvo oportunidad alguna de hacerlo debido a que ni siquiera le avisaron a tiempo, sino cuando ya hacía dos días que se había efectuado el registro, ha sostenido el abogado defensor.

Su planteamiento ha llevado al tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, responsable del caso, a interrumpir la vista para dar tiempo a las partes de analizar la situación y decidir si les convenía seguir adelante o no y cómo actuar.

Una vez reanudada, el fiscal ha ofrecido llegar a un acuerdo por el que el monitor reconozca los hechos y, a cambio, lograr una disminución de las penas que se solicitaban para él y evitar la posibilidad de que muchas de las pruebas principales esgrimidas en su contra resultaran no ser válidas en última instancia.

La razón es que dichas pruebas "tendrían que ser anuladas de seguir con el juicio, con lo que la acusación quedaría desmontada", según ha afirmado el abogado defensor.

Quien, a preguntas de periodistas una vez cerrado el asunto, ha añadido que, al igual que al fiscal, a su cliente "también le conviene más conseguir una rebaja de la pena que arriesgarse a una condena mayor".