La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, acusó ayer a la Fiscalía de Las Palmas de no hacer su trabajo en los centros de menores migrantes no acompañados, en referencia a los incidentes denunciados en el complejo de apartamentos Porto Bello de Mogán, e incluso comparó la actuación en Canarias del Ministerio Público con la del expresidente norteamericano Donald Trump, separando a las madres de sus hijos.
“Hemos sido muy pacientes con la Fiscalía para que hiciera lo que es su trabajo, que es decretar la edad de esos menores o adultos y luego trasladarlos y ponerlos en recursos idóneos. Hemos sido muy pacientes y además hemos tenido que aguantar las declaraciones que hemos tenido que aguantar estos días, pero hasta aquí hemos llegado. Si la Fiscalía no ha hecho su trabajo nosotros sí que vamos a señalar a quien no ha hecho su trabajo”, advirtió Santana en una entrevista a la emisora Onda Cero.
En clara respuesta a Beatriz Sánchez, portavoz y fiscal jefe de Las Palmas, la consejera defendió la actuación de su departamento tras recibir una denuncia anónima de trabajadores de ese centro por presuntas agresiones sexuales a un menor y el ejercicio de la prostitución dentro y fuera de las instalaciones.
«Nosotros denunciamos que la Fiscalía de Las Palmas estaba separando a los niños de sus madres al más puro estilo Trump. No sé si de aquella denuncia viene lo que ha ocurrido esta semana, pero quiero ser clara, honesta y transparente”, manifestó la consejera regional, quien en otro momento de la entrevista sostuvo que «la competencia para trasladar a los jóvenes de los centro de menores cuando se constata que son mayores es de la Fiscalía, que tiene que dar la orden a la policía para que haga el traslado a recursos de adultos”.
“La Fiscalía, si no tiene recursos, tendrá que buscarlos, ya lo hemos solicitado en reiteradas ocasiones”, insistió Santana, quien criticó que se haya puesto el foco sobre la Consejería de Derechos Sociales cuando, a su juicio, «es la única que actúa desde el minuto cero”.
Los vecinos que residen en las inmediaciones del complejo de apartamentos Porto Bello de Puerto Rico, donde el Gobierno de Canarias mantiene un centro de acogida de menores migrantes no acompañados, están hartos de la situación que se vive en sus calles y denuncian la inseguridad y el vandalismo que se registra en la zona. Y junto a ellos, los comerciantes de esta urbanización turística avisan: el estado del centro y las informaciones sobre supuestas agresiones sexuales y consumo de alcohol y drogas denunciadas de forma anónima por trabajadores de la Fundación Siglo XXI, sumada al comportamiento de los jóvenes, perjudica gravemente la imagen turística de un destino consolidado como Puerto Rico. «En la primera manifestación para salvar el turismo de Mogán había más ciudadanos ingleses que tienen aquí su segunda residencia que empresarios; la comunidad británica está atemorizada», explica un representante de empresarios de Puerto Rico.
Los vecinos denuncian trapicheo de drogas y vandalismo en la calle, mientras que los empresarios señalan que los menores increpan y piden dinero a los pocos turistas que pasen por las áreas comerciales.
A la espera de que la consejería de Derechos Sociales del Ejecutivo regional concluya el realojo de los 78 menores que permanecen internos en este centro, comerciantes y vecinos de este enclave turístico siguen reclamando que se actúe para evitar que la crisis turística derivada de la pandemia se perpetúe unos meses más como consecuencia de la imagen internacional negativa que creen proyecta la urbanización de Puerto Rico.
«Los actos vandálicos y la venta de droga ofrecen una imagen exterior muy negativa; ahora mismo no tenemos muchos turistas pero la información llega a sus países y lo que ven seguramente no les gusta y creerán que es un destino inseguro, y eso afectará a la buena imagen de Puerto Rico como zona turística de excelencia», manifiesta un comerciante que, como todos, prefiere mantener el anonimato.
Otro comerciantes de Puerto Rico, además vecino del Porto Bello, consideró ayer que el estado del centro de menores «no ayuda» a que se recupere el turismo. «Si yo me siento inseguro y tengo miedo por mis hijos porque los menores lanzan objetos por las ventanas, imagínese un turista», dijo, «se ha roto la convivencia».
Desde una de las áreas comerciales, un representante empresarial explicó ayer que hace unos días un hostelero expulsó a dos menores que se acercaron a su terraza y se bebieron la jarra de cerveza de un cliente. «Él no va a denunciarlos, solo quiere que se alejen para no perder clientela», señaló, «la tónica diaria es pedir dinero e intentar robar algo». Este mismo portavoz reveló ayer que hace dos semanas interpuso una denuncia ante la Guardia Civil a un adulto extranjero que compraba y suministraba alcohol a los menores en un parque. «Imagine cómo llegan esos chicos a Porto Bello». Denuncia ademas que existen propietarios de segundas residencias extranjeros que han optado por alquilar un apartamento en otra zona para no soportar la situación.
Los vecinos también opinan que se ha roto la paz de la zona y refieren actos vandálicos que han afectado a las lunas y los espejos retrovisores de varios vehículos estacionados en la calle Tasartico. «Hay inseguridad; se dedican a saltar los muros de otros complejos y los propietarios tienen que estar pendientes para expulsarlos de los edificios», sostiene la responsable de un complejo de la zona, «provocan ruidos y no dejan dormir a nadie, y la inseguridad es tanta que las personas mayores han dejado de dar sus paseos vespertinos por miedo a ser increpados». Esta mujer explica que los problemas de ruidos y vandalismo son «todos los días». «También los he visto trapicheando con drogas», apunta. «Nos sentimos inseguros; son niños, se emborrachan y empiezan a tirar objetos por la ventana y piedras contra los vehículos», concluye.
