El Gobierno de Canarias tiene conocimiento desde el 11 de junio del consumo de drogas y alcohol en el centro de acogida de menores migrantes no acompañados de Porto Bello, en la localidad turística de Puerto Rico de Mogán, así como del deterioro del complejo de apartamentos y la escasa intervención educativa. Sin embargo, en las inspecciones realizadas no se han podido confirmar las reiteradas agresiones sexuales ni el ejercicio de la prostitución que han denunciado de forma anónima algunos trabajadores de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, la entidad que gestiona ese dispositivo.
En la polémica sobre el retraso en la investigación de los hechos y su comunicación a la Fiscalía de Menores -pues transcurrieron 10 días desde que se recibió la denuncia hasta que se realizó la primera inspección, y 14 días hasta que se avisó de esa situación al Ministerio Público-, los informes de la Consejería de Derechos Sociales del Ejecutivo autonómico reconocen la “alta conflictividad” del centro de Porto Bello, pero también argumentan que uno de los motivos es la demora de la Fiscalía y de la Policía Nacional en establecer la edad de los internos.
Las dos personas que presuntamente cometieron esos delitos ya eran adultos en el momento de los hechos y seguían en ese complejo turístico del sur de la isla es espera de que los trasladaran a un centro de acogida de los migrantes mayores de edad.
De hecho, la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias calcula que unos 500 de los 2.500 migrantes acogidos en los centros de menores del Archipiélago son en realidad personas adultas. Por tanto, achaca a esa circunstancia la masificación y conflictividad en esas instalaciones.
Inspección
Un informe sobre la situación de Porto Bello elevado por la directora general de Protección del Menor y la Familia, Iraxte Serrano, señala que tras recibirse la denuncia anónima de los trabajadores, a las 21.14 horas del lunes 31 de mayo en la Unidad de Apoyo de ese departamento del Gobierno regional, se puso en marcha a los técnicos para que giraran visita a modo de inspección, que tuvo lugar el pasado jueves 10 de junio.
«El día 11 de junio», relata Serrano en su informe, «me reúno con los dos técnicos que realizan la mencionada inspección, y se me traslada la situación preocupante, tanto de los menores allí alojados como de las propias instalaciones; principalmente destacan la escasa intervención educativa, falta de actividades, estando los menores parte de la jornada totalmente ociosos, el desorden y suciedad en las habitaciones y espacios comunes, las quejas de los menores con los que se entrevistaron, la alta conflictividad que presentan un grupo de aproximadamente 30 menores, siendo algunos de ellos mayores evidentes, con síntomas visibles de consumo de tóxicos y alcohol».
La directora general apunta en ese documento que «dada la gravedad de los hechos narrados por ambos técnicos» y la preocupación que le trasmiten, se ordena que «de forma inmediata se proceda a dar comienzo al traslado de los menores a otros recursos, y evidentemente primando el interés superior de los menores, se pone en conocimiento del jefe del Servicio de Programas de Prevención y Protección de Menores tales hechos, el cual gira visita al centro el domingo día 13».
A la vista de ambas inspecciones, conjuntamente se tomó la decisión de iniciar de forma inmediata el traslado de 43 menores a otros recursos, operación que se realizó el martes 15.
El viernes 11 de junio, tras la inspección, se respondió a los trabajadores denunciantes a través del mismo correo electrónico que habían utilizado como comunicar esos presuntos hechos al Gobierno y al Ayuntamiento de Mogán, informándoles de que se actuaría «en consecuencia y de forma inmediata».
El lunes 14 de junio, a las 13:36 horas, los denunciantes volvieron a utilizar ese correo electrónico, pero esta vez para agradecer la intervención del Gobierno canario. El texto de la respuesta es el siguiente: «Muchas gracias por su rapidez y actuación, las cuales estamos seguro que mejorarán la situación de todos los menores, incluidos aquellos que han pasado por Porto Bello y se encuentran en la actualidad en alguno de los otros dos centros de la Fundación en Gran Canaria, los cuales recordemos están gestionados por el mismo equipo directivo que Puerto Bello [este dato no es cierto, según Serrano]. Nuevamente gracias, no se pueden imaginar lo que significa para todos/as nosotros/as que por fin alguien se preocupe realmente de los menores, gracias».
Preocupación
Respecto a las críticas de la Fiscalía por el retraso en la comunicación de la denuncia, el informe de Serrano resalta que el 14 de junio mantuvo varias conversaciones telefónicas con la Fiscal Decana de Menores de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Aurora Pérez Abascal, y que el objeto de esas conversaciones fue «la situación preocupante del recurso Porto Bello».
