La Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra y con la colaboración de la Dirección General de Tráfico, desarticuló una organización criminal dedicada, presuntamente, a la expedición fraudulenta de carnés de conducir, y que operaba desde Cataluña en varios puntos del resto de España. La operación se saldó con 616 detenidos, entre los que figuran los 14 integrantes de su cúpula. A los arrestados se les acusa de falsedad documental, soborno, blanqueo, pertenencia a organización criminal y contra la seguridad en el tráfico. En Canarias hubo nueve apresados, cuatro en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y otros cinco en la de Las Palmas.

La investigación comenzó en verano del 2020, cuando fue detectada una persona en un control que exhibió un carné de conducir auténtico. Pero su titular tenía sanciones en su expediente en fecha anterior a la expedición del permiso en la Jefatura Provincial de Girona. Las comprobaciones acreditaron que era un permiso fraudulento, a pesar de su aparente autenticidad. La investigación reveló la existencia de un grupo dedicado a la expedición fraudulenta de carnés de conducir a españoles y extranjeros.

Los agentes constataron que en la práctica delictiva participaba personal de la Dirección General de Tráfico, por lo que los investigadores actuaron de forma conjunta con dicha institución para desmantelar la trama. En un momento determinado se detectó que tanto la Policía Nacional como los Mossos se buscaba a los implicados en el mismo caso se puso en marcha un equipo conjunto de investigación.

El cerebro del grupo era un informático que trabajaba como subcontratado en la Jefatura Provincial de Tráfico de Girona desde septiembre del 2019. Este empleado usurpó las claves de acceso de funcionarios de la DGT para poder llevar a cabo esta práctica delictiva, en un principio, con familiares y amigos. En el momento que se empezó a instaurar el teletrabajo a mediados de marzo de 2020 como consecuencia de la pandemia, y ya con un conocimiento superior de cómo funcionaban todas las aplicaciones informáticas de la DGT, y desde la tranquilidad de su domicilio, vio la oportunidad de sacar un rédito económico a sus habilidades.

Para dar salida a los permisos necesitaba a alguien que le pudiera proporcionar clientes, por lo que contactó con un hombre que le facilitó la red de intermediarios que le hacía falta. Se trata de una persona que ya tenía un historial delictivo y que actuaba como jefe visible de la organización: captaba los clientes, hacía los cobros de los permisos y le daba protección. Este hombre ejercía el rol de colíder de la banda.

Este último individuo tejió una red de intermediarios que hacían de conseguidores de los demandantes de permisos falsos. Se trata de personas que, en algunos casos, regentaban locutorios a los que acudían personas que no disponían de carné de conducir.

Entonces, proporcionaban la información necesaria respecto del permiso que querían obtener y de sus datos personales, y los conseguidores la facilitaban al colíder de la organización, que la hacía llegar, a su vez, al informático que creaba el permiso en el sistema de la DGT. Después le expedía el carné físico auténtico, puesto que se desconocía que era fraudulento de inicio. Para hacerlo se saltaba algunos de los pasos requeridos como, por ejemplo, la satisfacción de tasas e impuestos y otros trámites administrativos. A pesar de que el alcance principal de la organización estaba en Cataluña, había beneficiarios de cualquier punto del resto de España. Esta red criminal es responsable de la emisión de 1.800 permisos de conducir españoles auténticos de forma fraudulenta.

Los dos líderes del grupo se repartían los ingentes beneficios que se obtenían por permiso, a un precio fijo por carné en función de la categoría demanda. Este es el precio que cobraban a los conseguidores que, a su vez, cargaban a los beneficiarios la cantidad que querían en cada caso para obtener su propia ganancia. Para obtener cada permiso se pagaban cantidades que podrían oscilar entre los 3.000 a los 15.000 euros.

Con el dinero obtenido, los principales investigados compraban propiedades inmobiliarias, vehículos y otros productos de lujo, y mantenían un ritmo de vida muy alto que no se podía justificar con el sueldo de la DGT en el caso del informático ni con la ausencia de ingresos del colíder. Una parte del dinero se enmascaraba con la adquisición de criptomodeda.

Una vez que los investigadores tuvieron clara la estructura jerárquica y de funcionamiento de la organización, se llevó a cabo un dispositivo con 16 entradas y pesquisas en Sant Feliu de Guíxols, Quart, Vic, Calonge y Llagostera y dos registros en las sedes de las jefaturas provinciales de tráfico de Girona y Guipúzcoa, y se detuvo a los catorce integrantes de la cúpula. El mismo día y en los días siguientes al operativo se detuvieron a 616 personas relacionadas con el entramado en 29 provincias españolas, principalmente los beneficiarios que habían pagado para obtener los permisos fraudulentos, y se espera que la cifra final de detenidos se acerque al millar.

Los agentes encontraron más de medio millón de euros en efectivo en el domicilio de familiares de la pareja del informático, que también formaba parte de la organización. Los beneficios obtenidos por la organización investigada son cuantiosos, pues superan los siete millones de euros. Los catorce integrantes de la cúpula de la organización pasaron el jueves a disposición judicial y la jueza decretó el ingreso en prisión de ocho de ellos. Del número total de detenidos, la Policía Nacional llevó a cabo la detención de 105 personas fuera de Cataluña.