Doce de los procesados por la trama de la Asociación del Cannabis Medicinal de Fuerteventura (Acmefuer) reconocieron ayer ante la Audiencia de Las Palmas los hechos de los que les acusa la Fiscalía, al inicio de un juicio en el que se enfrentan a cargos por asociación ilícita y tráfico de drogas que se remontan a los años 2012 y 2014.
La sección sexta de la Audiencia Provincial se desplazó ayer a Puerto del Rosario para comenzar el juicio contra 13 personas investigadas por pertenecer a una organización criminal dedicada a la venta ilegal de estupefacientes a través de una supuesta asociación de cannabis, denominada Acmefuer. La operación policial contra los miembros de la supuesta asociación se llevó a cabo en varias intervenciones, las primeras en noviembre y diciembre de 2012, y otra serie de detenciones se produjeron el 25 de agosto de 2014, que acabaron en la desarticulación de la banda.
El presidente de la sala, el magistrado Emilio Moya, ha tomado declaración a doce de los trece procesados en la trama de venta de droga en Fuerteventura. El otro acusado prestará declaración hoy, martes, debido a que se encuentra fuera de la isla. José María A.V., considerado como el jefe del grupo, fue el primero en declarar. El procesado reconoció ante la Audiencia que fue presidente de la asociación desde el 14 de junio de 2011, organización donde realizaba funciones de «director» y en la que también «enseñaba a cultivar».
El presidente de la asociación explicó que llegaron a tener 700 socios y ha detallado que muchos de ellos hoy en día forman parte de otras asociaciones: «Se iniciaron con nosotros», aseguró. José María A.V., quien ha explicado a las preguntas de la fiscal que lleva el caso, Azucena Oti, y los abogados de la defensa, que para ser socio era necesario «ser consumidor» y tener el aval de otro socio que tenía que manifestar que conocía a la persona interesada en entrar en la asociación.
Además, aclaró que Acmefuer «no cogía a chavales», sino a personas adultas que tenían que confirmar, previamente, que consumían. «Es un círculo muy cerrado y resulta muy difícil que entrar a alguien que no consumiera; eran personas mayores con una media de edad de 40 años», ha explicado ante la sala.
A la pregunta de los abogados, ha explicado que el propio Hospital de Fuerteventura «mandaba» a pacientes oncológicos para que se les diera el aceite de cannabis para digerir los tratamientos oncológicos de la quimioterapia. Asimismo, ha aclarado que los beneficios obtenidos al finalizar el año, en caso de que los hubiera, se destinaban a proyectos de la asociación, que tenía clubes en las zonas de Puerto del Rosario y Corralejo.
Durante el dispositivo llevado a cabo en 2014 en los domicilios de los miembros de la supuesta banda fueron detenidos el presunto jefe de la organización y su pareja sentimental. En el domicilio se requisaron unos 60 kilos de marihuana de distintas riquezas en THC, «cuyo valor de venta al público ascendería a 258.157,64 euros», además de dinero en efectivo, instrumental profesional y también documentación de la contabilidad.
El resto de los procesados han ido reconociendo ante la Audiencia los hechos de los que se les imputan y han defendido, algunos de ellos, ser consumidores de cannabis debido a patologías y enfermedades que arrastran desde hace varios años. Uno de los procesados, Joao Manuel R.C., explicaba que su función dentro de la asociación era la de tesorero, responsabilidad desde la cual se encargaba de pagar a los trabajadores, la seguridad social y los alquileres.
A la pregunta del Ministerio Fiscal ha negado que se vendiera hachís en los locales de la asociación, en los que «solo se dispensaba marihuana», al tiempo que ha defendido que «no había reparto de beneficios» y, en el caso de que hubiera sobrante, este se «reinvertía» en las necesidades de los clubes.
Una organización criminal
Según el escrito de acusación del fiscal, todos los procesados operaban concertadamente en «el seno de una organización criminal de la que eran miembros, organización criminal que para tratar de otorgar una apariencia de legalidad a su actividad de ilícita de venta de drogas utilizó la forma jurídica de asociación».
En su escrito provisional del caso, que instruyó el Juzgado número 5 de Puerto del Rosario, el Ministerio Fiscal pedía penas de cárcel para los procesados que oscilan entre los dos y los veinte años y multas que superan los 41 millones de euros.
En concreto, la Fiscalía solicitaba imponer una multa de 4.108.120 euros para tres de los procesados por el delito de tráfico de drogas de «notoria importancia en la modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud, en el seno de organización criminal»; también un montante der 2.738.750 euros para otros once de los investigados «por el delito de tráfico de drogas de notoria importancia, en la modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud, en el seno de organización criminal» y, en el resto de los casos, una multa de 6.000 euros por un delito de asociación ilícita.
Tras reconocer los hechos ayer ante la Audiencia Provincial, está previsto que se llegue a un acuerdo de reducción de condena.
La fiscal Azucena Oti ha explicado, al finalizar la primera sesión del juicio, que será hoy cuando declare el último de los procesados, además de varios testigos, y que, «en principio, se acabaría el juicio» tras llegar a un acuerdo en los que se mantienen los delitos de «asociación ilícita y de tráfico de drogas» y se excluye el de organización criminal.
Al tratarse de un procedimiento iniciado en 2012, también está en estudio que se pueda aplicar la circunstancia atenuante de «dilaciones indebidas muy cualificadas», tal yh como ha incidido la fiscal.
