Componentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de las secciones de Playa de Las Américas y el Puerto de la Cruz, en colaboración con guardas del Servicio de Vigilancia de las Zonas Especiales de Conservación del Gobierno de Canarias, procedieron a la incautación de cinco fusiles de pesca submarina y 45 kilos de pescado, a la vez que redactaron 24 denuncias por infracciones en la normativa de pesca.

Los mencionados servicios tuvieron lugar la pasada semana en el marco de acciones destinadas al control de la pesca furtiva en diferentes puntos de Tenerife. La medida se adoptó a raíz de una serie de indagaciones previas, en base a las que se sabía que varias zonas del Norte y Sur de la isla como frecuentadas por pescadores furtivos.

Varias personas fueron denunciadas por la práctica de este deporte empleando medios como fusiles de pesca submarina y equipos o complementos para esta actividad reglada, todo ello sin contar con las correspondientes autorizaciones para poder desarrollarlas, por realizarlas en zona no permitida o en zona vedada, y contraviniendo varios aspectos de lo establecido en la vigente Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, según la información ofrecida por parte de la Comandancia Provincial.

Durante los servicios realizados, los agentes notificaron un total de 24 denuncias por la comisión de diversas infracciones a la Ley de Pesca de Canarias y a la Ley de Pesca Marítima del Estado. Además, procedieron a la incautación de cinco fusiles de pesca submarina y diversos útiles empleados para el marisqueo, los cuales fueron depositados en la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil.

A centros benéficos

Asimismo, los agentes de la Guardia Civil destinados en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) decomisaron en ambas actuaciones un total de 45 kilogramos de pulpo y pescado, los cuales fueron entregados en centros benéficos de la Isla. Las denuncias formuladas han sido remitidas a las distintas autoridades administrativas con competencia sancionadora, las cuales llevan aparejadas sanciones que pueden llegar hasta los 60.000 euros, según los datos ofrecidos por el Instituto Armado en una nota.