El Cuerpo Nacional de Policía informó ayer del arresto de 807 personas en el transcurso de una operación –los tiempos de investigación se alargaron durante algo más de un año– abierta para detectar permisos de conducir venezolanos falsificados que supuestamente habían sido preparados para ser canjeados por carnés españoles. Esta intervención policial se desarrolló en 19 provincias en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT) siendo detenidos, sin ingreso en prisión, 172 personas en Canarias: 154 en Tenerife y otros 18 en Las Palmas de Gran Canaria.

Como resultado de las diligencias practicadas en el marco de la Operación Driver la DGT ordenó el pasado 15 de marzo la suspensión del canje general de los permisos de circulación entre Venezuela y España, una medida en la que no se incluyeron a los conductores profesiones.

Madrid, y luego Tenerife

Solo Madrid, con 185 arrestados, se colocó por delante Tenerife (154) en el cómputo particular de detenidos. Por detrás de estaos dos ámbitos geográficos se posicionaron Málaga (123), Alicante (62), Valladolid (56), Guipúzcoa (41), Toledo (38), Murcia (23), Asturias (22), Las Palmas (18), Barcelona (17), Ciudad Real (16), Sevilla (16), Pontevedra (6), Zaragoza (9), Badajoz (4), Cáceres (4), Jaén (4) y Zamora (4)

Más casos en la provincia

Según los datos a los que ha tenido acceso esta redacción, los casos investigados en estos instantes en la provincia tinerfeña podrían ser más ya que solo en una sala del Palacio de Justicia de de esta capital hay 225 expedientes en diferentes fases de tramitación.

La Dirección General de la Policía informó en las primeras horas de la mañana de ayer que, además de los 807 detenidos, en la Operación Driver se habían intervenido 296 permisos españoles que ya habían sido cambiados: estas fuentes policiales, incluso, explicaron que el modus operandis utilizado consistía en obtener un documento falso originado a través de las redes sociales por el que se pagaba una media de 90 euros antes de recibir, dos o tres días más tarde de efectuar el pago, el permiso supuestamente falso.

José Antonio Carrero, abogado venezolano afincado en la Isla de Tenerife y representante legal de dos docenas de implicados en este suceso comentó que “hay una parte de esta historia que es diametralmente distinta a la explicación policial”, avanza el letrado.

Carrero se queja de que la Policía no haya respetado la presunción de inocencia y metiera a todo el mundo en el mismo saco. “Respetamos profundamente el Estado de Derecho y la independencia de los Jueces, y que no tenemos dudas que se respetarán las garantías procesales de los investigados”, ha comentado no sin obviar que “en mi país a los malos se les llama malandros, pero estos son muchos malandros juntos, ¿no?”, dijo sobre los 807 investigados.

José Antonio Carrero representa mayoritariamente a unos investigados que residen en Tenerife, pero también cuenta con clientes que están afectados por este proceso judicial que viven en Las Palmas de Gran Canaria, Murcia y Toledo. “Estamos ganando casos porque no se puede criminalizar de antemano a nadie sin atender a las circunstancias que se dan en torno a esta problemática. Es cierto que se han detenido a conductores con permisos falsificados, pero eso son una minoría... Yo no le voy a negar que no pueda existir algún garbanzo negro entre tanta gente, pero la mayoría son gente honrada que solo ha tramitado el canje de un permiso de circulación que sacaron en las inspectorias de Venezuela, que son el equivalente a las Delegaciones del Gobierno que tenemos en España. Yo mismo hice esa operación en el momento en el que decidí instalarme en este país”.

Origen del problema

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (G.I.A.T.) de la Guardia Civil inició en 2018 una investigación al detectar unas irregularidades en unos permisos que fueron calificados como “poco seguros”. La ausencia de esas garantías estuvieron provocadas por la imposibilidad de que Venezuela tramitada los carnés en plástico... “Las cosas cosas allí no están bien hace años y entonces se optó por lanzar los permisos como PDF”, avanza el abogado sobre una decisión que en un primer momento fue rechazada por la DGT. “Que estas licencias no cumplan unos criterios de seguridad no implican que estas sean falsas. Sobre todo, porque la última vez que Venezuela informó a España de unos cambios técnicos fue en 2008. Las cosas no se han hecho bien, pero eso no significa que todos los afectados sean unos delincuentes”, dijo Carrero.