"Era una calle estrecha y había 15 policías. Me acusan de coger a uno de ellos, tirarlo contra la pared y agredirle antes de que el resto pudiera hacer nada". Joan Cogollos, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de 75 años, se enfrenta este lunes a un juicio en el que la Fiscalía le pide año y medio de prisión y una multa por un delito de atentado y dos de lesiones a un policía cuando intentaba parar un desahucio en septiembre del año 2018 en la localidad de Oliva.
El objetivo era que una familia con cuatro menores de edad (entre ellos un bebé de menos de un año) no se quedara en la calle. Finalmente, ni la familia ni los activistas pudieron evitar que el desahucio sí que fuera ejecutado. Por estos hechos ocurridos hace más de dos años, Cogollos, con una larga trayectoria en movimientos sociales y fundador de la PAH Safor-Valldigna, está inmerso en una causa judicial.
"Me negué porque significaba aceptar mi culpabilidad y que yo había utilizado la violencia. Y por dignidad no podía hacer eso", señala Cogollos reafirmándose en su decisión de no asistir a la cita de conformidad que se celebraba el pasado día tres de septiembre y en la que le ofrecían aceptar su culpabilidad a cambio de una reducción de penas.
De hecho, lejos de renunciar, Cogollos asegura que seguirá con su labor de activista. "Lo próximo que haré será atarme las manos y taparme la boca para que así no me puedan acusar de agredir ni insultar a nadie", declara.
Frases amenazantes
Según el auto judicial, el policía local reclamó contra Cogollos y dos personas más (una de ellas miembro de la familia desahuciada) alegando haber sufrido "insultos y frases amenazantes", entre las que se incluyen "no tenéis derecho a hacer esto, no tenéis por qué estar aquí, iros a la mierda, policía de mierda que hay en este país".
Además, el escrito también señala que este activista septuagenario "alentaba a las personas allí concentradas a emplear la fuerza y resistirse". Por último, la denuncia incluye un supuesto forcejeo en el que Cogollos, que entonces tenía 72 años, se abalanzó sobre el policía y lo empujó contra la pared, causando daños en el polo que portaba, en el antebrazo y en el hombro.
Viviendas vacías
Cogollos niega que existiera esta violencia que le imputan. Según su versión, la policía le impidió en dos ocasiones que pudiera negociar con la comisión judicial y la mediadora de la entidad bancaria para poder llegar a un acuerdo. Finalmente consiguieron que la familia pudiera sacar algunas cosas del domicilio. Las que caben en una caja de cartón y cuatro cestas de fruta, además de una televisión, una cuna, un neceser y un paquete de pañales. El resto se quedó dentro. La policía abrió camino para que el cerrajero cambiara el pomo. Tiempo después tapiaron la puerta y la vivienda quedó inhabitada durante más de un año, denuncia Cogollos.
El activista se reafirma; "nosotros defendemos artículo 47 de la Constitución Española, que es el derecho a una vivienda digna y no vamos a parar". "Si por defender los derechos humanos me vienen más situaciones así las aceptaré, para mí lo importante es defender que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, y no a lo que está pasando", sentencia.
El vicepresidente del Consell y conseller de vivienda, Rubén Martínez Dalmau, expresó su apoyo al activista este jueves a través de de un mensaje de Twitter, donde ensalzaba "su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y particularmente, su lucha incansable para defender el derecho a la vivienda".
La propia PAH País Valencià también ha lanzado una campaña en apoyo al activista con más de 400 personas y colectivos adheridos y contra lo que califican de represión.
"Lo que sufro yo lo han sufrido muchas personas dentro y fuera de la PAH. Yo he tenido la suerte de que me han apoyado, pero muchas personas se enfrentan a situaciones de este tipo solas y tienen que tragar con la denuncia", sentencia Cogollos.
'Casos aislados' en el marco de la Ley Mordaza
El juicio a Joan Cogollos no es una situación nueva. Desde la PAH aseguran que no es la primera denuncia de este tipo que sufren, tanto en la plataforma como en más colectivos sociales y enmarcan esta realidad dentro de la aplicación de la Ley Mordaza del año 2015. En la Comunitat cuentan con varios casos similares, mientras que en toda España tienen procesos judiciales pendientes de resolver en los que los encausados se enfrentan a penas de hasta 6 años de cárcel. Para José Luis González, portavoz de la PAH País Valencià "la Ley Mordaza se ha utilizado sobre todo contra activistas que defienden el derecho a la vivienda o el medio ambiente, obstaculizando su derecho a expresar sus reivindicaciones de manera pacífica", señala.
