El Tribunal Supremo revisará el próximo 15 de diciembre la sentencia que condenó a prisión permanente revisable a Ana Julia Quezada por el asesinato con alevosía del niño Gabriel Cruz, cometido en febrero de 2018, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

Cinco magistrados de la Sala de lo Penal se reunirán ese día a puerta cerrada para estudiar los recursos interpuestos contra la sentencia, que supuso la primera condena a prisión permanente a una mujer tras un veredicto de culpabilidad de un jurado popular.

Los hechos sucedieron en febrero de 2018, cuando el niño pasaba unos días en casa de su abuela en Las Hortichuelas Bajas, en Níjar (Almería). El día 27, Gabriel salió a jugar con unos primos y Quezada, pareja de su padre, le instó a que le acompañara a una finca en Rodalquilar, donde, de "forma intencionada" y "súbita" le lanzó contra el suelo o pared y le tapó "la boca y la nariz con fuerza" hasta que logró "vencer su resistencia y provocar su fallecimiento", según declaró probado la sentencia.

La búsqueda de Gabriel se prolongó once días, en los que Quezada "simuló encontrarse afligida", daba ánimos a la familia y generaba "falsas expectativas" sobre su aparición e incluso llegó a colocar una camiseta del menor sobre unas matas para distraer la atención de los agentes. Fue detenida el 11 de marzo, cuando, tras desenterrar el cuerpo de Gabriel de la finca y meterlo en el maletero de su coche, llegaba a su domicilio de la localidad almeriense de Vícar.

La Audiencia de Almería la condenó al máximo castigo penal y la impuso también tres años de prisión por un delito de lesiones psíquicas con la agravante de parentesco al padre del menor, Ángel Cruz; dos años y nueve meses por otro a la madre, Patricia Ramírez, y tres por un delito contra la integridad moral.

Recurrió ella, la Fiscalía y los padres del niño y, en respuesta, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó la prisión permanente y estimó parcialmente el recurso de la condenada, a quien absolvió de los delitos de lesiones psíquicas a los padres.

No accedió, sin embargo, a repetir el juicio, como pidió Quezada, que quería ser juzgada por un tribunal profesional y no un jurado; y también los padres del menor, que entendían que las instrucciones de la magistrada durante la entrega del objeto de veredicto pudieron impedir que el jurado tuviese en cuenta el ensañamiento con el que, según defiende la familia, actuó la condenada.

Quezada volvió a solicitar un nuevo juicio al Tribunal Supremo, que ahora estudiará su recurso. Los padres del menor también figuran como recurrentes, según explican las fuentes. En su recurso, la condenada también pedía la absolución de los delitos contra la integridad moral además de cuestionar la alevosía tenida en cuenta por el tribunal en el crimen.