María Jesús M. C. y Salvador R. L. regresaron a la prisión de Picassent a última hora del viernes con su nueva condición de culpables del asesinato del marido de ella, Antonio Navarro Cerdán. Lo mató él, de ocho cuchilladas, después de que ambos lo planificaran en las semanas anteriores al crimen, perpetrado a las 7.40 horas del 16 de agosto de 2017 en la plaza de garaje que él había alquilado para que su mujer no diese vueltas buscando aparcamiento. Así lo decidió, por unanimidad, el jurado que les juzgó entre el 14 y el 30 de octubre, compuesto por cinco mujeres y cuatro hombres que emitieron un veredicto jurídicamente irreprochable tras una deliberación de seis horas.

Pero, ¿cómo tienen el ánimo ambos, mientras esperan la sentencia que les impondrá en pocos días el magistrado presidente del Tribunal de Jurado 2/2020? «Tranquilos y hasta alegres», resume una fuente conocedora de su situación.

En el caso de Salvador R. L., se siente, en cierto modo, como el 'gran ganador' del juicio. Él se escondió en el garaje y él asestó las cuchilladas que seccionaron el corazón y un pulmón a la víctima, causándole la muerte en apenas un minuto. Pero, a diferencia de María Jesús M. C., ha colaborado con la Justicia, primero, revelando dónde había ocultado el cuchillo —en la fosa séptica de una casa de campo de su propiedad, en Riba-roja— y dibujando un croquis que hizo posible la recuperación del arma, y después, declarando voluntariamente ante el juez el 9 de noviembre de 2018, confirmando la implicación de la viuda. Es lo que su abogada, Julita Martínez, pidió como atenuante de confesión tardía.

La letrada también solicita la atenuante de reparación del daño, porque Salva envió una carta a su banco solicitando que su plan de pensiones sea rescatado y puesto a disposición de la familia de Antonio. Ahora es el magistrado, José María Gómez, quien debe decidir si esos hechos contienen suficiente entidad jurídica como para servirle de atenuantes, lo que redundaría en una rebaja de la condena.

En su caso, el tipo penal al que se ajusta el delito cometido es el asesinato, penado con entre 15 y 25 años. El fiscal ha solicitado para él 18 años y la acusación particular, 16 —pedía 20 y rebajó cuatro al final del juicio por la «reparación moral» que para la familia ha tenido el hecho de que dijera la verdad—. Si el magistrado admitiera ambas atenuantes, podría acabar siendo condenado a menos pena de la que solicita el fiscal, lo cual ya sería un éxito para él, incluso sabiendo que en ningún caso la rebaja llegaría hasta los siete y medio que sugiere su abogada.

En todo caso, la perspectiva de reducir la cifra inicial, unida al descanso que para él ha supuesto acabar con el estrés de acudir al juicio y ver que el jurado ha creído en su palabra —se echó a llorar de alivio cuando escuchó que juzgaban culpables a ambos— parecen estar detrás de esa actitud relajada y alegre que lleva mostrando en prisión desde el sábado.

Salvador, ingresado en el módulo 3 de cumplimiento, ocupa un destino de confianza como auxiliar de biblioteca —organizan los títulos y los distribuyen por los módulos a petición de los internos—, trabajo que está remunerado.

En cuanto a la coautora del asesinato, Maje, las fuentes han explicado que desde el sábado no ha habido ni un solo cambio en su actitud, que es la misma que ya tenía antes y durante el juicio. «Está normal. Relajada, dispuesta en su trabajo y sonriente. Amable, como siempre. Yo diría que incluso alegre. Desde luego, en ningún momento ha dado muestras de abatimiento o de estar apesadumbrada», han explicado las fuentes antes citadas.

La máxima pena para ella

María Jesús M. C. vive en el considerado como mejor módulo de mujeres, el 22, pero tiene destino como auxiliar de limpieza y comedor dentro de un taller retribuido. En su caso, ejerce esa tara con las reclusas del módulo 20 de mujeres, donde están las internas más peligrosas, las clasificadas en primer grado —el más restrictivo—.

Dentro de sus funciones está la limpieza de ese módulo 20 y el reparto de comida, que consiste en llevar el carro con las bandejas individuales desde la cocina hasta cada una de las celdas, donde se las hace llegar a las presas a través del pasaplatos de la puerta de acero.

Tanto uno como otro están «perfectamente integrados, sobre todo ella», y están «muy considerados», tanto por los funcionarios —los dos destinos están reservados a presos de confianza— como por el resto de reclusos.

En su caso, el tipo penal es el de asesinato agravado por el parentesco que la unía a la víctima, que era su marido desde hacía once meses, por lo que la horquilla de condena está entre 20 y 25 años. El fiscal solicita para ella 22 años —un poco menos de la mitad de lo que contempla el Código Penal—, mientras que la familia, a través de sus letrados Miguel Ferrer y Patricia Cogollo, busca el máximo castigo: 25 años.