Un abogado defensor de varios de los 65 detenidos por la Policía Nacional en Tenerife por obtener el permiso de conducir español con carnés venezolanos falsificados, José Antonio Carrero, asegura que "no se entiende por qué la Dirección General de Tráfico (DGT) no detectó la falsedad" en el momento en que recibió los documentos que simulaban estar emitidos por las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho letrado recuerda que en el convenio establecido entre España y el citado país sudamericano en el año 2005, en el punto número cinco se establece que: "en el caso de que existieran dudas fundadas sobre la autenticidad del permiso, el Estado en donde se solicita la licencia podrá requerir al Estado emisor del documento la comprobación de autenticidad" del documento que resultare dudoso.

Para Carrero, "la labor de verificación de la autenticidad del documento corresponde a la DGT", que, si hubiera detectado algún elemento sospechoso, podía haber denegado el canje y ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial.

Además, en opinión del citado abogado de origen venezolano, la Unidad Contra de Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif) de la Policía Nacional trabaja sobre "licencias originales, las cuales no han sido remitidas a Venezuela, que es la obligación que impone el mencionado convenio".

Carrero comenta que, si a algunos de los acusados se les aplica el artículo 392.2 del Código Penal, eso implica que el uso de ese documento se hizo "a sabiendas de que es falso". Desde su punto de vista, "muchos investigados obtuvieron sus licencias en las respectivas inspectorías de Tránsito; así que portaban ese documento de buena fe, sin saber si era falso o no".

Para el letrado, "otra parte de ellos, efectivamente, pagó a las mafias de falsificadores; pero solo para obtener un duplicado de su permiso o reimpresión". Indica que "lo que sí está claro es que todas y cada una de las licencias canjeadas fueron debidamente verificadas por la DGT durante el proceso de canje y procedió a la emisión del respectivo carné de conducir".

"Quizá el fondo del asunto sea si los investigados poseen o no los conocimientos técnicos para conducir, debidamente certificados por las autoridades de su país de origen", afirma.

Un total de 292 personas fueron detenidas en una operación a nivel nacional para desmantelar la mencionada red de falsificación de permisos de conducción entre personas de origen venezolano. Las actuaciones se desarrollaron en Alicante (35), Málaga (24), Valladolid (28), Zaragoza (8), Madrid (67), Murcia (9), Tenerife (65), Sevilla (7), Toledo (14), Las Palmas (6), Jaén (3), Asturias (8), Ciudad Real (4) y San Sebastián (15).

En el caso de las residentes en Tenerife, la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif) llevó a cabo el proceso de citación de los investigados a través de una llamada telefónica, donde se les ordenaba acudir a la Comisaría de Distrito Norte de Santa Cruz de Tenerife, en la calle Pérez de Ayala.

A los investigados se los reunió en la sala próxima a la sede de la mencionada Unidad y se les informó, de forma gradual, que estaban arrestados y sobre los derechos que los asistían. A juicio de José Antonio Carrero, en todo momento el trato de los agentes de la Ucrif con los ahora acusados fue "impecable".