La Sección VI de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condenó a tres años de prisión y un día al vigilante que a finales del 2018 propinó una paliza al jefe de Seguridad del Hospital Universitario de Canarias (HUC), después de que este le diera una indicación sobre su trabajo. Las partes llegaron a un acuerdo de conformidad y el acusado ha sido condenado por un delito de lesiones en una sentencia firme dictada el pasado 16 de septiembre.
Los hechos ocurrieron el 7 de noviembre del 2018. El jefe de Seguridad del HUC, Esteban Pérez, llamó la atención al empleado de la empresa externa de seguridad, Tomás Luis H.M., para que no dejara estacionar a camiones de reparto de productos en la zona reservada para otros fines, como el aparcamiento de los vehículos de los cuerpos de seguridad. En un primer momento, el trabajador no le dijo nada a Pérez Estévez. Poco minutos después, este le aclaró al vigilante que su indicación era para mejorar el servicio. Entonces, tampoco recibió respuesta.
El episodio violento llegó más tarde, cuando el jefe de Seguridad del HUC iba a abandonar el recinto. Entonces, "me dio un golpe a traición y caí al suelo inconsciente, donde me propinó patadas y porrazos". Al final, "a duras penas me pude levantar", aclara el afectado por la agresión.
En ese momento, ya otros vigilantes habían llegado al lugar de los hechos, apartaron al autor de la paliza, que tiene 54 años de edad. Tras ser retenido por otros trabajadores de la empresa de seguridad, agentes de la Policía Nacional procedieron a su detención. Como consecuencia de dicha actitud violenta, la empresa concesionaria del servicio de seguridad en el HUC despidió al citado empleado. En caso de que no hubiera habido acuerdo de conformidad entre las partes, el tribunal podía haber impuesto una pena de entre cuatro y seis años de cárcel al acusado.
Los magistrados de la Sección VI de la Audiencia Provincial otorgaron diez días a Tomás Luis para que ingresara en el centro penitenciario Tenerife II y en estos momentos ya cumple la pena privativa de libertad.
La víctima de la agresión también denunció a la empresa de seguridad privada como responsable civil subsidiaria para reclamar la indemnización a la que cree tiene derecho.
