Un total de 75 canarios pasan su condena en la cárcel por haber cometido algún delito contra la seguridad vial, según el Ministerio del Interior, lo que supone cerca del 6,5% del total nacional. Las Palmas se sitúa con 45 casos como la séptima provincia con mayor número de condenados por este motivo. El primer informe integral Seguridad Vial y su incidencia en el ámbito penitenciario, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias pone de manifiesto que "los delitos relacionados con la conducción de vehículos a motor llevan a prisión a un número cada vez más elevado de conductores. Tenemos que frenar esta tendencia, porque no debemos olvidar que, detrás de estas frías cifras hay personas con nombre y apellidos que en un momento dado incumplieron las normas y sufren las consecuencias ellos y sus familias", según manifestó el ministro Fernando Grande-Marlaska durante su presentación.
En las cárceles dependientes de la Administración General del Estado hay 4.542 personas privadas de libertad con algún tipo de delito relacionado con la seguridad vial, lo que viene a representar el 9% de la población penitenciaria. De estas personas, 1.159 tenían como delito principal una condena ligada a la vulneración de las leyes de seguridad vial (un 2,3% de las personas en prisión). El objetivo del informe es contribuir "a poner de manifiesto cómo los delitos relacionados con la conducción de vehículos a motor llevan a prisión cada vez a un número más elevado de personas y en segundo lugar contribuir desde la Administración Penitenciaria a mejorar la convivencia y la seguridad vial", según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Por provincias
El estudio apunta que hay 75 conductores canarios en las cárceles por haber matado a otra persona por su negligencia, por conducir borracho o drogada, negarse a realizar la prueba de alcoholemia, circular a velocidades muy elevadas o carecer del carné o cualquier otro motivo que atenta contra la seguridad en el tráfico. De ellos, 45 tienen su lugar de residencia en Las Palmas, y los 30 restantes en Santa Cruz de Tenerife. En este último caso, ocupa el puesto 13 entre las provincias con mayor número de encarcelados por esta razón. Los datos insulares representan casi el 6,5% de todos los casos contabilizados en el conjunto de España.
La provincia de residencia más frecuente entre quienes están entre rejas por el tráfico es Madrid (118 presos), seguida de Málaga (58) y Sevilla (56). En contraste, las provincias con menos personas condenadas por delitos contra la seguridad vial son Ávila, Huesca y Segovia (con un caso cada una). 9 de cada 10 personas tienen condenas inferiores a tres años, mientras que la condena media se sitúa en los 667 días (1,8 años), según los datos globales en el territorio nacional.
Más de la mitad de las personas que está en sin libertad de todo el país recibió la condena por conducción sin vigencia u obtención de permiso (630 casos). Le siguen, prácticamente a 37 puntos de distancia, la conducción temeraria, uno de cada seis supuestos (194); casi igual que la conducción bajo influencia de bebidas o análogas (191).
Perfil del homicida
El perfil del homicida imprudente en prisión, según se desprende del estudio, es hombre de edad comprendida entre 26 y 60 años, con una condena media de cuatro años y de nacionalidad española. El análisis del ámbito geográfico indica que los delitos se producen tanto en grandes zonas urbanas como en rurales, costeras o del interior de la península.
De los 26 condenados por homicidio imprudente con vehículo a motor, dos de los infractores acumulan 6 y 7 condenas relacionadas con la seguridad vial. Únicamente dos de las 26 personas son mujeres. Lo que vendría a determinar que 1 de cada 10 personas condenadas por este delito son hombres. El ministro del Interior ha señalado que "quienes cometen infracciones que les conducen a prisión lo hacen porque incurren en un doble error". "Por un lado, no perciben el riesgo de las imprudencias que cometen pese a que, como hemos visto, las consecuencias son gravísimas y muy costosas. Por otro lado, muestran una equivocada sensación de impunidad cuando, según nos muestran las estadísticas, el grado de represión de estas conductas lesivas es muy alto", ha indicado.
Descenso en las cárceles
La población penitenciaria ha experimentado en la última década un descenso del 23,5%, mientras que la población en prisión por los delitos relacionados con seguridad vial, como delito principal, ha experimentado un incremento del 16,4%. Haciendo un balance de la evolución histórica, A 31 de diciembre de 2009 la población total interna en los centros penitenciarios de la Administración General del Estado era de 65.548 personas. Las personas en prisión por delitos contra la seguridad vial como delito principal eran de 994.
Diez años más tarde, a 31 de diciembre de 2019 la población en los centros penitenciarios era de 50.129 personas, de las cuales por delitos contra la seguridad vial como delito principal eran 1.159 (de estos, 877 siendo esta su una única responsabilidad). Sin embargo, hay más personas condenadas por este tipo delictivo: 3.383 tienen otros delitos más relevantes como causa principal (mayor pena privativa de libertad). En total, 4.542 personas están en prisión con algún delito contra la seguridad vial, cumpliendo un total de 5.816 causas penadas por estos delitos.
A estos se añaden 26 casos de homicidio imprudente de vehículo a motor, que están englobados en la tipología estadística del homicidio y sus formas. Se trata de 24 personas condenadas y dos en situación preventiva. Estos datos no agotan toda la información estadística relativa a los delitos contra la seguridad vial ni el objeto de este trabajo. A este respecto tenemos que indicar que a 31 de diciembre de 2019 se habían recibido 24.487 mandamientos de penas y medidas alternativas a la prisión.
Además de las personas fallecidas, debe tenerse también en cuenta el número de las personas que sufren lesiones y el coste que supone la curación de las mismas. En ese sentido las cifras que se ofrecen desde el sector asegurador (la patronal Unespa) también son elocuentes: en el año 2017, sufrieron secuelas 63.442 personas y fueron indemnizadas, según el baremo de accidentes de tráfico, 217.817. Durante el año 2018, según esas mismas fuentes, hubo días que se llegaron a atender hasta 2.237 lesionados diarios y la asistencia sanitaria por los accidentes de tráfico ascendió a 535 millones de euros.
