La Policía Nacional ha detenido a 33 personas miembros de dos redes, una de ellas compuesta por septuagenarios británicos, que se dedicaban a la venta y distribución ilegal por internet de medicamentos en España y tenían beneficios de más de tres millones de euros.

La operación es el resultado de dos investigaciones paralelas en las que se han realizado 17 registros en municipios de Alicante, Murcia, Madrid, Málaga, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Castellón, Palma de Mallorca, Valladolid y Valencia, ha indicado el cuerpo en un comunicado.

Fruto de los registros, los agentes han intervenido más de 70.000 comprimidos/geles de medicamentos contra la disfunción eréctil, diversas sustancias estupefacientes -líquido GH, MDMA, cocaína, popper-, cientos de artículos informáticos y numerosas joyas de gran valor, ha detallado la Policía mediante un comunicado.

Las organizaciones desmanteladas operaban utilizando medios tecnológicos avanzados y obtenían “grandes beneficios con escaso riesgo” -superando los tres millones de euros-, que blanqueaban comprando moneda virtual, entre otros métodos.

La investigación se inició en mayo de 2019 cuando los agentes detectaron las actividades de estos portales web para la venta ilegal de medicamentos en España por medio de operaciones contra reembolso, lo que impedía la localización física de los investigados.

Finalmente, los agentes identificaron dos organizaciones criminales, la primera de ellas asentada en Murcia, Madrid y Alicante, mientras que la segunda operaba desde la Costa del Sol.

Ambas se valían de expertos informáticos y utilizaban medios tecnológicos avanzados como aplicaciones de mensajería instantánea con métodos de encriptación y borrado de mensajes, y el uso de conexiones VPN para dificultar su localización, además de alojar sus páginas web de farmacias virtuales en servidores ubicados en países ajenos a la jurisdicción europea o estadounidense.

Murcia, Alicante y Madrid

Tras meses de pesquisas policiales, los investigadores identificaron una organización criminal asentada en las provincias de Murcia, Alicante y Madrid especializada en medicamentos ilegales para el tratamiento de la disfunción eréctil producidos en la India.

Los pedidos se gestionaban a través de tres páginas web administradas por un informático asentado en la localidad de Alfaz del Pi (Alicante) y, tras pasar por varios intermediarios, eran abonados por los compradores finales en la modalidad contra reembolso.

La banda de los septuagenarios

De forma paralela, la Policía ha llevado a cabo la investigación de otra organización criminal formada por ciudadanos septuagenarios de origen británico y estadounidense con antecedentes policiales por hechos similares.

Los miembros del entramado disponían de páginas web que funcionaban a modo de farmacias virtuales y se encontraban alojadas en servidores 'offshore' ajenos a la jurisdicción europea y estadounidense. Esta red, que funcionaba desde 2012, actuaba desde el domicilio de uno de los miembros de la organización, ubicado en una finca aislada en la provincia de Málaga.

Los pedidos se distribuían a través de empresas de paquetería y los clientes efectuaban el pago contra reembolso, por distintas pasarelas de pago o mediante transferencia bancaria. Posteriormente, los millonarios beneficios se transferían a cuentas extranjeras, lo cual dificultaba su trazabilidad y localización.

Además de la venta a particulares, esta organización funcionaba a modo de “proveedor de distribuidores”, puesto que entre sus clientes figuran establecimientos tipo sexshop dedicados a revender estos medicamentos.

Finalmente, los agentes detuvieron a 33 personas y realizaron 17 registros en diferentes municipios de la geografía española fruto de los que se intervinieron más de 70.000 comprimidos/geles de medicamentos contra la disfunción eréctil, diversas sustancias estupefacientes (líquido GH, MDMA, cocaína, popper, etc), cientos de artículos informáticos (ordenadores, USB, móviles, tablets y servidores web), 33.120 euros en efectivo y más de 40 joyas de gran valor.

El consumo de estos medicamentos, y en especial los destinados a tratar la disfunción eréctil, que son introducidos en España sin ningún control sanitario, así como su consumo sin la supervisión sanitaria, suponen un grave riesgo para la salud, ya que no se han sometido a ningún tipo de control de composición ni calidad.

Además, son medicamentos que requieren de prescripción médica, dado que no pueden ser consumidos por cualquier paciente (por ejemplo personas con cardiopatías) y pueden producir, además, interacciones con otros medicamentos, ha advertido la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios.