El Servicio Marítimo Provincial (SMP) de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas denunció el pasado día 19, a una embarcación de pesca profesional dedicada a la captura de la merluza que se encontraba faenando en aguas de Lanzarote , cerca de La Graciosa, por excederse en el número de anzuelos usados para dicha actividad así como por incumplir la señalización e identificación de las artes utilizadas en aguas interiores de Canarias .

Según ha informado este domingo la Benemérita en un comunicado, la intervención de los agentes del Destacamento Marítimo de Corralejo fue posible gracias a las informaciones facilitadas por pescadores de Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, que habían visto un barco palangrero faenando en aguas interiores de Lanzarote, concretamente al oeste de la isla de la Graciosa.

Según la legislación canaria vigente, cada barco que practique la pesca con palangre en aguas interiores del Archipiélago podrá hacerlo con un máximo a la vez de 500 anzuelos, que pueden estar distribuidos en uno o varios palangres, sea cual fuera la modalidad de este arte que se utilice (fondo, superficie, etc.). Además, el número total de anzuelos permitidos a bordo y preparados para su utilización, no podrá ser superior a mil, de los cuales únicamente 500 podrán pescar simultáneamente. La normativa que regula esta práctica también establece los requisitos en materia de señalización, balizamiento o identificación del palangre, debiendo figurar el folio del barco que lo haya calado y el distintivo de su armador.

Sin embargo, los agentes descubrieron, durante la inspección del barco -que se demoró más de seis horas-, que los pescadores habían dispuesto en el agua 2460 anzuelos, de tal manera que denunciaron dos infracciones, una por exceder el número máximo permitido de estos elementos simultáneamente, y otra por incumplir las normas de balizamiento e identificación de los palangres.

La Benemérita ha trasladado las denuncias a la autoridad administrativa competente, la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias, para que se encargue de tramitar el correspondiente expediente administrativo sancionador. En virtud de la legislación canaria, las multas por infracciones graves se sitúan entre los 301 y los 60.000 euros.