Una mujer aceptó ayer una condena de ocho meses de prisión por un delito de estafa y pagar una sanción de 1.200 euros por un delito de estafa procesal en grado de tentativa. El motivo es que, en el transcurso de un proceso judicial de desahucio por precario, presuntamente se atrevió a presentar un contrato de arrendamiento de una vivienda con las firmas falsas del juez de paz y del secretario de dicho órgano judicial en el municipio de Candelaria.
En la jornada de ayer, en la Sección V de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife se desarrolló una vista contra dicha persona. En dicho caso, el representante del Ministerio Público solicitaba para la procesada cuatro años de prisión, así como una multa por una cantidad global de 3.000 euros e inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
La pieza clave de la acusación de estafa procesal se produjo cuando, a través de su abogada, presentó ante el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Santa Cruz de Tenerife aportó un documento de declaración de voluntades de un ciudadano ya fallecido, con sello de entrada en el Juzgado de Paz de Candelaria, con número de registro, fecha y las firmas falsificadas del juez y el secretario del citado organismo.
Su objetivo era evitar el desahucio de una vivienda situada en la capital tinerfeña, de la que disfrutaba de forma indebida, según consta en la calificación realizada por el fiscal que llevó el referido asunto.
