La Guardia Civil y la Agencia Tributaria colaboraron en una operación con 38 detenidos por su pertenencia a la mafia conocida como Banda della Magliana, que operaba en Europa, y a los que acusan de juego ilícito, blanqueo de capitales y extorsión. Dos arrestos se hicieron en Barcelona y Canarias.

Al cabecilla, investigado en España e Italia, se le relaciona con homicidios y asesinatos en los años 80 y 90. La operación se hizo en colaboración con el Arma de Carabinieri y la Policía de Austria, y fue coordinada por autoridades judiciales en Roma. Fueron bloqueadas y embargadas 37 propiedades y 19 sociedades por un valor total de 14 millones. También se intervinieron muchos vehículos y cuentas bancarias. El italiano Salvatore Nicitra, en prisión, era el líder y está considerado un objetivo de alto valor en ese tipo de criminalidad, junto a Francesco Inguanta y Rosario Zarbo. Esta organización logró el control del juego en Italia con la gestión y suministro de máquinas de juegos de azar con el uso de un software ilícito, así como juego online. Lograron grandes beneficios, que usaban para dar créditos, que después cobraban con métodos de extorsión. Parte del grupo se especializó en crear un entramado empresarial a nivel europeo con el que introducían este dinero en el flujo económico legal mediante la simulación de relaciones comerciales legales vinculadas al sector del juego. A finales del 2018, guardias civiles iniciaron una investigación sobre Nicitra y otros individuos relacionados con él para esclarecer sus actividades ilícitas en nuestro país. Nicitra viajaba entre España e Italia para gestionar sus actividades e hizo inversiones inmobiliarias en Canarias. Se le vincula con el asesinato de los hermanos Belardinelli. Se estableció un equipo conjunto de investigación entre Guardia Civil y la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias a mediados del 2018.

De esta forma, y bajo la instrucción judicial competente, ya a finales de 2019 se procedido a la intervención cautelar tanto de importantes bienes muebles, como de diversas cuentas corrientes que manejaba la supuesta organización criminal en la isla de Fuerteventura, según trascendió en la jornada de ayer.