La Fiscalía de Madrid pide tres años de cárcel para Patricia G.A., integrante de la asociación Infancia Libre, por ocultar a su hija del padre de la niña durante 20 meses, desde octubre de 2017 hasta mayo del año pasado, y sin escolarizarla para dificultar la localización.

En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Público le imputa un delito de sustracción de menores por unos hechos que se remontan a octubre de 2017, cuando la acusada se llevó a la menor a una vivienda en el municipio de La Cabrera, en la sierra de Madrid.

La pareja se había divorciado y tenía compartida la patria potestad, confirmada en sentencia firme, con "un régimen de visitas de la menor (entonces con nueve años) con el padre, de fines de semana alternos con pernocta y periodos vacacionales por mitad".

A sabiendas de esas condiciones, la madre retuvo a la menor sin el conocimiento del padre y decidió no matricularla en un colegio para entorpecer la búsqueda durante casi dos años, hasta que la Policía las encontró el 11 de mayo de 2019 y arrestó a la progenitora.

Horas después del hallazgo, un juzgado emitió un auto en contra de la acusada en el que prohibía contactar con la menor mientras no hubiera una resolución que acordase lo contrario en un juicio, todavía sin fecha.

Para la Fiscalía, Patricia G.A. llevó a cabo el plan "con ánimo de alejar a la menor de su padre y desvincularla totalmente del progenitor paterno y apartarla definitivamente (...) sin tener ningún tipo de contacto ni relación" con la familia paterna.

Una solicitud de pena de prisión que se produce después de que la Fiscalía de Madrid haya archivado la causa sobre Infancia Libre al considerar que no existen datos objetivos como para concluir que la entidad funcionaba como una organización ilícita, según denunció la Policía Nacional.

El Ministerio Fiscal apreció únicamente que dos de sus integrantes sí cometieron delitos, Patricia G.A. y la presidenta, María Sevilla, si bien cuando la asociación ya no tenía actividad.