La abuela materna de un par de niños de cuatro y dos años presentó en los juzgados de Santa Cruz de La Palma una querella criminal contra cuatro miembros de su familia (la expareja de su hija y tres personas más) como presuntos responsables de un delito de detención ilegal. La denunciante asegura que a los menores, uno de ellos en periodo lactante, se les ha privado de su derecho a la escolarización al menos desde el 24 de enero y de toda otra relación personal o familiar, o posibilidad de comunicación con la querellante y cualquier otro familiar durante 18 días. Los hechos han ocurrido en el municipio de Breña Baja.

En el escrito de demanda se expone que desde el 24 de enero se desconoce la "concreta situación y paradero" de los pequeños. Tampoco han acudido a sus respectivos centros escolares desde el pasado 28 de enero hasta el 10 de febrero. En el documento se aporta un parte de inasistencias injustificadas del niño de más edad a su colegio. La parte denunciante se presentó en centro de primaria y en el infantil donde están matriculados los menores en reiteradas ocasiones y presuntamente verificó que estos no se hallaban en dichas instalaciones. En una comparecencia efectuada ante la Guardia Civil el mismo día 24 de enero se informó de que los pequeños habían sido trasladados hasta el domicilio de Breña Baja señalado en el escrito, que es la residencia de los cuatro denunciados. Según consta en la querella, la abuela materna se desplazó desde Madrid hasta La Palma para poder pasar varios días con su hija y sus dos nietos en la semana alterna que por sentencia judicial le correspondía a la madre.

En la denuncia se estima que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de detención ilegal, contemplado en el artículo 163 del Código Penal, que establece que "el particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será castigado con la pena de prisión de cuatro a seis años". Además, en uno de los puntos del citado artículo se establece que "se impondrá la pena de prisión de cinco a ocho años si el encierro o detención ha durado más de quince días".

En la querella se solicita la declaración de las personas señaladas como presuntas autoras; el análisis de los diversos documentos aportados por la mujer denunciante, la toma de testimonio a esta última y a la madre de los pequeños, así como otras diligencias que la autoridad judicial considere oportunas. Como medida cautelar se pide, de forma urgente e inmediata, la intervención de agentes de la Policía Judicial en el domicilio donde los menores permanecen encerrados y puesta a disposición del juzgado de ambos, con el objetivo de que sean examinados sobre su estado de salud, física y mental, así como que, en su caso, sean atendidos por los médicos facultativos correspondientes.