Un mando de la Guardia Civil y un joven conductor están acusados de un delito de homicidio imprudente tras su implicación en un accidente de tráfico en Guargacho, en San Miguel de Abona, en el año 2016, con el resultado de la muerte de un varón. Ayer comenzó el juicio en la Audiencia Provincial, donde el representante del Ministerio Público pide un año de prisión para cada uno de los procesados. Y la abogada de la familia de la víctima, Fátima Pérez Mendoza, reclama dos años y seis meses para el funcionario.
El fiscal considera que el sargento destinado en un puesto del Sur de Tenerife no actuó con suficiente diligencia como conductor y sobrepasó la línea de Stop en un cruce cuando circulaba con un vehículo oficial de su cuerpo de seguridad, mientras que el conductor de un Toyota Yaris (en el que viajaba el ahora fallecido) iba a una velocidad excesiva para la vía. El suceso se produjo en la intersección entre la calle Olimpia (que conecta Costa del Silencio con Guargacho por la barriada de Nuestra Señora del Carmen) con la carretera general a Las Galletas.
Todas las personas que declararon ayer, acusados, testigos o agentes de la Policía Local de San Miguel, coinciden en que el accidente ocurrió en un punto de muy poca visibilidad y muy peligroso, sobre todo para los conductores que procedían de Costa del Silencio y debían respetar la señal de Stop antes de girar a la izquierda, como pretendía el sargento del Instituto Armado. De hecho, antes de que realizaran trabajos de reforma de ese punto de la vía insular TF-652, en el enclave ocurrieron numerosos accidentes.
Para la Fiscalía, el sargento no realizó el Stop y actuó con negligencia como conductor. El mando de la Guardia Civil aseguró que, antes de incorporarse a la carretera, paró el radiopatrulla dos veces, pero la visibilidad era nula, por el muro de la antigua glorieta ajardinada. Reconoció ante los magistrados que fue el conductor del Toyota Yaris el que impactó contra el coche oficial de la Guardia Civil. Después de la colisión cambió el automóvil oficial de posición, ya que le dio marcha atrás y lo colocó detrás de la señal horizontal de Stop. Argumentó que lo hizo para no obstaculizar la circulación.
Versiones de los acusados
El otro acusado respondió que circulaba a una "velocidad normal". En su primera declaración (el día después del accidente) estimó que iba a 70 kilómetros por hora. Sin embargo, en ese tramo no se debe ir a más de 50. Desde su punto de vista, fue el conductor del radiopatrulla de la Guardia Civil el que golpeó el turismo que él conducía. Su Toyota Yaris tenía un impacto en la parte lateral derecha cerca del guardalodo de la rueda trasera. Tras la colisión, el vehículo japonés derrapó, se fue contra una valla metálica y volcó.
El joven que iba en la parte trasera del Yaris, identificado como Jairo Martín Arzola, primo hermano del conductor, no llevaba cinturón y falleció en el acto. El varón que iba en ese turismo de copiloto afirmó que el coche oficial no hizo ninguna parada en el Stop, puesto que había visto la velocidad a la que se aproximaba al cruce.
El oficial y la agente de la Policía Local de San Miguel que participaron en la instrucción del atestado determinaron que fue el radiopatrulla de la Guardia Civil el que golpeó al Toyota. También concluyeron que el joven que iba al volante de este último automóvil circulaba a una velocidad de entre 70 y 90 kilómetros por hora. El oficial está convencido de que, si el ahora fallecido hubiese llevado cinturón de seguridad, sus lesiones no hubieran sido tan graves. Ambos acusados dieron negativo en las respectivas pruebas de alcoholemia practicadas por los agentes municipales.
Varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Granadilla de Abona fueron las primeras en llegar al lugar del suceso y realizaron las primeras marcas en la calzada para indicar el punto exacto en el que ocurrió el choque. Los agentes municipales llegaron más de una hora después de que ocurriera la colisión a una vía de su competencia.
